CC.OO. y UGT llevan a la calle la presión para enmendar la reforma laboral
Los sindicatos exigen que el Gobierno plasme ya los cambios acordados
Los sindicatos CC.OO. y UGT cumplen con sus amenazas y fijan el próximo 8 de febrero como el punto de arranque de las movilizaciones para empujar al Gobierno a acometer ya cambios de calado en la reforma laboral y la de las pensiones. La demostración de fuerza del 8 de febrero pasa por congregar en una asamblea conjunta en Madrid a 10.000 delegados de ambos sindicatos. “Queremos que esta legislatura no acabe sin que se desmonten los aspectos fundamentales de las reformas del PP”, aseguró ayer el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. “El Gobierno tiene que pasar de la frase fácil al BOE”, insistió.
Para el máximo responsable de CC.OO., Unai Sordo, “es el momento” de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez “mueva ficha” y “ponga negro sobre blanco lo que hemos cerrado”. Una recuperación de derechos fruto de “meses de negociación”, resumieron, que incluye volver a la prestación para parados de más de 52 años, así como ampliar el contrato relevo en todos los sectores; recobrar la continuidad del convenio mientras no sea sustituido por otro, por tanto, más allá del año establecido actualmente; acabar con la prevalencia del convenio de empresa sobre el del sector; garantizar “la aplicación del convenio colectivo en casos de externalización productiva o subcontratación” y establecer un sistema de control de jornada. Y en el caso del sistema público de pensiones, eliminar el polémico factor de sostenibilidad –congelado hasta el 2013– y fijar de nuevo por ley la actualización automática con el IPC.
En todo caso, los representantes sindicales defendieron que los acuerdos establecidos con el Ministerio de Trabajo no pueden quedar en el aire por la oposición de la patronal. “La CEOE no tiene derecho de veto”, señaló Sordo. Ambos líderes advirtieron además que, si el Gobierno no pone en marcha pronto estas modificaciones legislativa, habrá una escalada de las movilizaciones en las semanas siguientes. Al tiempo, opinaron que hay una mayoría parlamentaria suficiente para apoyar las modificaciones de la reforma laboral y del sistema público de pensiones. Pepe Álvarez llegó a asegurar que la fragilidad parlamentaria era una “excusa” y avanzó que los sindicatos están dispuestos a “presionar” a las distintas formaciones políticas para que den su apoyo a los cambios normativos.
Mientras Sordo evitó escoger una vía legislativa para plasmar los cambios normativos, Álvarez no dudó en apoyar el decreto ley como la herramienta “más adecua- da”. Desde su punto de vista, la tramitación como proyecto de ley tropezaría con la dilación que está imponiendo la mesa del Congreso.
Fuentes sindicales recordaban ayer que, una vez cerrados con el Gobierno puntos básicos para atacar la reforma laboral del PP, están a la espera de que la ministra Magdalena Valerio convoque a la mesa general para ratificar los citados preacuerdos. Por tanto, el calendario de reuniones de las distintas mesas específicas está en suspenso, señalaron. Sordo no descartó además que las divisiones internas en el Ejecutivo –especialmente, por la oposición del departamento de Economía– estén entorpeciendo la celeridad en la toma de decisiones de Trabajo.
Los dirigentes sindicales anunciaron también que ya están preparando las movilizaciones de cara al 8 de marzo. Así, apuntaron que son partidarios de dar cobertura a la protesta de las mujeres, por lo que tienen previsto convocar dos horas de paro laboral, como ya hicieron el año pasado.
Sordo y Álvarez defienden que las modificaciones cuentan con suficiente apoyo en el Parlamento