La previsión de ingresos y el déficit, grandes dudas de los presupuestos
La inversión sale perjudicada para acercar el desfase presupuestario al 1,3% del PIB
El viernes pasado, el Consejo de Ministros dio el pistoletazo de salida de los presupuestos del Estado del 2019 en lo que puede ser un proceso plagado de incógnitas. Y no sólo por la debilidad política del Gobierno de Pedro Sánchez. Desde que el discurso de la estabilidad presupuestaria se instaló por fuerza en el debate político, la tramitación de los presupuestos en los últimos años ha arrastrado de forma recurrente las dudas sobre las previsiones de recaudación de impuestos y las cotizaciones sociales.
Esta vez, no es una excepción. Las acusaciones de excesivo optimismo han sido habituales y, con ellas, el riesgo de incumplimiento de los objetivos de déficit, recogidas en este proyecto de ley clave para todas las administraciones. Sin embargo, las cuentas para el 2019, carentes de apoyos políticos claros, albergan una vuelta de tuerca extra: la necesidad de adaptarlas a un corsé más estrecho al defendido por la ministra de Economía, Nadia Calviño, el pasado julio ante las autoridades de Bruselas.
Mientras transcurre el tortuoso trámite para cambiar la ley, el veto del Senado –controlado por el PP– impide plantear las cuentas para este año con un déficit del 1,8% del PIB y deja el desfase presupuestario “oficial” en el 1,3%, una senda aprobada en su día por el ejecutivo de Mariano Rajoy. Según ha insistido la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, los principales perjudicados por la pérdida de un margen en las cuentas públicas equivalente a cinco décimas del PIB son las comunidades autónomas y los fondos de la Seguridad Social, para los que inicialmente habrían dispuesto de dos décimas más cada uno.
Son 6.200 millones “menos para inversiones y Estado de bienestar”, aseguran desde la Moncloa. A pesar de que la financiación territorial y las maltrechas cuentas del sistema público de pensiones sean las más afectadas por la adaptación a los objetivos de déficit con Bruselas, sin duda han acabado impactando también, en el diseño de los presupuestos de la Administración Central. Montero reconoció en la presentación de los presupuestos que habían tenido que desviar 850 millones para realizar una transferencia adicional al sistema de la Seguridad Social, que arrastra un déficit estructural de entre el 1,3% y el 1,5% del PIB. “Un esfuerzo que va en detrimento de la inversión”, reconoce la responsable de Hacienda.
Ahora, en teoría, el desajuste de los fondos de la Seguridad Social (que incluyen también el Servicio Público de Empleo y Fogasa) no han de superar el 0,9% del PIB. España está a punto de salir del procedimiento de déficit excesivo, al haber cerrado el 2018 por debajo del 3%, pero sobre lo que no hay dudas es que no será capaz de cumplir el objetivo del 1,3% ni el del 1,8%. El consenso de los expertos del pasado noviembre, recogido por el servicio de estudios de Funcas, ya estimaba un desfase presupuestario en el 2019 del 2,1%.
Los presupuestos que llegan hoy al Congreso de los Diputados no dan visos de plantear un ajuste de nueve décimas o de 1,4 puntos (el 2018 se cierra con un déficit del 2,7% del PIB). En todo caso, la gestión ante Bruselas de este incumplimiento queda aparcado hasta que se dilucide si estas
Las cuentas públicas se han rehecho por el veto del Senado a subir el techo de gasto
cuentas llegarán a entrar en vigor. Los interrogantes sobre las previsiones de recaudación tampoco son menores, en especial cuando el propio Gobierno acaba de rebajar el crecimiento de la economía al 2,2% este año, el ritmo más bajo del último lustro. Y porque buena parte de los 20.000 millones más que buscan para alcanzar una recaudación tributaria récord depende precisamente de la aportación del ciclo económico. Salvo en el caso del IRPF, con un alza estimada del 4,9%, Hacienda espera que los ingresos del resto de impuestos crezcan a doble dígito: un 14,1% en sociedades, un 11,7% en el IVA y un 11,8% en los especiales.
Además, casi la mitad de los 5.600 millones que prevé recaudar con los cambios tributarios depende de la implantación de nuevos impuestos (transacciones financieras y tasa Google), junto a nuevas medidas contra el fraude. Unos cambios improbables antes de verano. Por ello, la ministra de Hacienda reconoció que van a usar 2.500 millones con los que cuentan por el desfase contable en la recaudación, provocado por el nuevo sistema de información inmediata del IVA (SII) como “colchón” para el previsible retraso de la entrada en vigor de esas nuevas medidas fiscales. Otros casi 2.500 millones de euros – también del SII– están destinados a engrosar la financiación territorial, que aumenta en total un 6,2%.
España saldrá en breve del procedimiento de déficit excesivo, pero este año no cumplirá