Los presupuestos y la política
JUAN María Moreno Bonilla pronunció ayer su discurso programático en el Parlamento andaluz, durante la sesión inaugural del debate de investidura. El político popular, primero no socialista que presidirá la Junta, se refirió al paro como un problema acuciante en su comunidad, donde afecta al 22,5% de la población activa (cuando en España la media no llega al 15%). Y afirmó que el suyo sería un cambio “conciliador”. Sin embargo, no desaprovechó la ocasión para hacer una referencia indirecta a Catalunya y al proyecto de presupuestos presentado anteayer en el Congreso. “Andalucía –dijo– se opondrá a los privilegios a favor de territorios a cambio de apoyos para sostener a un presidente de Gobierno (...) Ningún otro español con más derechos que ningún andaluz”.
Los agravios interautonómicos son un clásico de la brega política nacional, profusamente cultivado en las comunidades que más solidaridad reciben de otras. En los últimos decenios, algunos presidentes autonómicos han mostrado más pericia manejando tales agravios que bajando las tasas de paro.
Esta es, obviamente, una actitud equivocada. En primer lugar, por el lastre demagógico que arrastra. Y, en segundo, porque a menudo se basa en datos discutibles. Un rápido vistazo al mencionado proyecto de presupuestos permite comprobarlo. Andalucía figura en él como la comunidad que mayor porcentaje recibe del total de inversiones previstas para el año, un 17,5%, frente al 16,8% de Catalunya, en segunda posición, y al 10,3% de la Comunidad de Madrid, en tercera. Es verdad que la inversión total en Catalunya asciende a 2.051 millones de euros, lo que supone un 52% de incremento respecto al ejercicio anterior. Pero no lo es menos que en Andalucía la inversión total prevista es superior –2.132 millones–, aunque el incremento interanual sea del 44% y la inversión por habitante resulte algo inferior a la catalana (254 euros frente a 270). Dicho sea todo ello sin retrotraerse a la penuria inversora sufrida durante varios ejercicios por Catalunya –adonde el AVE llegó después que a Andalucía, y donde sigue insatisfecha la reivindicación del corredor mediterráneo–, ni hacer hincapié en los discriminatorios déficits de ejecución presupuestaria que aquí se han dado.
Esta tendencia a hacer una lectura cortoplacista y en clave política de los presupuestos, en detrimento por ejemplo de una estrictamente económica, es como apuntábamos un error. Y no sólo los políticos incurren en él. También algunos medios de comunicación lo hacen. Un diario madrileño despachaba ayer los presupuestos de Sánchez con el titular “El golpismo tiene premio”, y además les afeaba que comportarán un endeudamiento adicional de 35.000 millones (sin recordar que en los últimos cinco ejercicios del PP el endeudamiento creció entre 34.000 y 88.000 millones al año). Y un diario catalán titulaba ayer en portada: “Las cuentas de Sánchez no cumplen ni el Estatut”, en alusión a su disposición adicional tercera, que señala que a Catalunya le corresponde el 19,2% del global de las cuentas, pero sin destacar que la subida de estas cuentas es la más elevada de la serie histórica.
Todas las interpretaciones son libres, incluidas las sesgadas. Pero, desde una óptima periodística catalana, no creemos equivocarnos al afirmar que lo más característico de estos presupuestos es su componente social y, también, el incremento para Catalunya, ambos bienvenidos por amplios sectores ciudadanos.