Luz verde al dentista municipal
disminuir entre un 5% y un 10% el gasto corriente. Una recomendación procedente de la gerencia de Economía que, en su momento, denunciaron, además de los partidos de la oposición, sindicatos, algunos trabajadores municipales (como los de los servicios sociales) y que sí acabó reconociendo en octubre del año pasado la teniente de alcalde de Derechos Sociales, Laia Ortiz, si bien tampoco habló de recortes sino de “contención para poder llegar a finales de año”.
“Todavía faltan 60 millones de plusvalías para recaudar que no son culpa de los otros. Todos los ayuntamientos contemplaron que habrían menos ingresos, Barcelona calculó que ingresaría un 33,6% más”, denunció la concejal socialista Ballarín, que insistió que se están prorrogando unos presupuestos, los del 2018, “que saben que estaban mal hechos” y que, según los socialistas, pueden cronificar los recortes. La edil del PSC habló de la zona deportiva de La Magòria, el piso de mujeres maltratadas de Ciutat Vella o de dos nuevas guarderías en Nou Barris y en Horta, que estarían ahora mismo en el aire.
Inversiones recortadas, “reprogramadas”, algunas sin fecha clara de ejecución –la biblioteca de Sarrià, por ejemplo, cuyo solar tendría que estar lleno de excavadoras de este mes– y que la oposición sigue demandando saber cuáles son. Con claridad. Y lo piden mientras, en los últimos meses, se han presentado proyectos bajo sospecha que el Ayuntamiento dice que se mantienen, pero cuyas obras comenzarán una vez celebradas las elecciones de mayo: caso del nuevo Centro de Acogida de Animales de Compañía que se construirá en Montcada, la reforma de El Borsí o del grueso de las obras de la propia Rambla.
“¿Son conscientes de la responsabilidad que tienen?”, preguntó Recasens a Pisarello. “Queremos más explicaciones y menos excusas”, espetó la concejal del PDECat, que advirtió que el teniente de alcalde “dejará en la ciudad la huella de los recortes”.
La propuesta de BComú de crear un servicio municipal de dentista con precios sociales recibió ayer el apoyo de ERC, PSC, CUP y de los dos concejales no adscritos en el marco de la comisión de derechos sociales. No obstante, tanto los republicanos como los socialistas lamentaron la falta de información por parte del gobierno local e insistieron en la necesidad de buscar un consenso más amplio, también con el sector, antes de la aprobación definitiva.