Los instructores ven insuficiente la plantilla para el nuevo juzgado

Los 33 jueces de instrucción de Barcelona se oponen a la nueva configuración prevista por el Departament de Justícia para poner en marcha el nuevo juzgado de guardia de delitos leves. Este organismo debe permitir absorber la gran avalancha de casos que congestiona los juzgados y amenaza con dejar al borde de la prescripción estos ilícitos de poca entidad, la mayoría hurtos. La fecha prevista, según avanzó la propia conselleria, es el 4 de febrero. La asignación de funcionarios que plantea el Govern es un incremento de dos trabajadores que se añadirán a los seis que ya prestan el servicio de guardia. En total, por tanto, serán cuatro los funcionarios que trabajarán en los dos juzgados que habrá en activo.

La junta de jueces de instrucción –la mesa en la cual se agrupan– considera que la dotación de cuatro funcionarios es “insuficiente” para asumir la carga de trabajo. La razón que esgrimen es que durante el servicio de guardia “se dictan las sentencias, se notifican y en su caso se deja iniciada la ejecución”. Todo ello, en caso de no poder realizarse, queda traspasado a la actividad diaria del propio juzgado con lo que se incrementara su carga de trabajo ordinaria, ya de por sí abundante.

La puesta en marcha de un segundo juzgado de guardia en Barcelona es una reclamación de amplios sectores que debe permitir absorber la gran demanda

La junta de jueces cree que las cargas de trabajo de la guardia se traspasarán a su actividad ordinaria

de delitos leves que llegan a juicio y que están saturando el servicio. Se producen más casos de los que se pueden juzgar en un día, –un total de treinta diarios–, con lo que el sistema queda atascado y el servicio sólo acumula retrasos. En la actualidad, el tiempo entre que se produce un hecho hasta que se celebra el juicio se prolonga hasta los diez meses, cuando la ley dice que deberían ser diez días. Estos delitos prescriben al año.