El Supremo tratará de evitar que la campaña perturbe el juicio del 1-O
El calendario no se altera, pero el tribunal impedirá toda dilación indebida
El anuncio electoral no cogió ayer por sorpresa al Tribunal Supremo (TS), pero le ha colocado ante la necesidad de impedir que la confrontación en las urnas altere en alguna medida el clima de un juicio oral que, como el del 1-O, ya tiene su propia complejidad sin necesidad de nuevos añadidos. El propósito y el primer objetivo de la Sala Penal es, en este sentido, garantizar que la larga precampaña hacia las elecciones de abril –y de mayo– no perturbe las sesiones de la vista, que una vez puesta en marcha ya no se puede –ni se quiere– suspender.
La convocatoria a las urnas sí puede suponer, en cambio, cambios en las previsiones iniciales sobre los ritmos del juicio. De momento, se mantiene que la vista se desarrollará tres días a la semana, de martes a jueves. Pero ahora es menos descartable que antes la posibilidad de que algunas semanas se empleen más de tres días. Depende de cómo progresen los interrogatorios.
Lo que no quieren los magistrados es que la campaña electoral pueda coincidir con la fase final del juicio. Hay una situación que nadie en el Supremo desearía imaginar, y es que la recta final de la campaña discurra, por ejemplo, en paralelo al ejercicio por parte de los procesados del derecho que les asiste a la última palabra. Ya antes del anuncio de las elecciones generales para el próximo 28 de abril, el presidente de la Sala de Enjuiciamiento, Manuel Marchena, había hecho algunos comentarios distendidos con los abogados, en el sentido de que confía en que la vista avance con normalidad, sin retrasos, manifestando que en caso necesario estaría dispuesto a celebrar sesiones hasta medianoche.
Obviamente, no hay que tomar esta expresión al pie de la letra, pero el propósito del tribunal es avanzar con agilidad, sin merma del derecho a la tutela judicial efectiva. Desde el inicio de la vista ha quedado muy clara la preocupación del Supremo por garantizar los derechos de los procesados. Por tanto, a nadie se le va a meter prisa, pero si alguna semana hay que habilitar un lunes o un viernes para cerrar algún capítulo importante de la vista, se hará. Las partes representadas en el proceso lo saben y el Supremo espera que actúen en consecuencia. Y que lo hapauta, gan en su propio beneficio, porque al concentrar las sesiones en tres días el propósito de los magistrados fue hacer más llevadero el juicio para todos y facilitar de paso el derecho de defensa, por las mayores posibilidades que esa organización ofrece al contacto entre los abogados y sus defendidos para la preparación de su estrategia en las distintas fases del juicio oral.
A la vista de cómo se está desarrollando el juicio hasta ahora, el Supremo es optimista sobre las posibilidades de un avance a buen ritmo. Ya han declarado dos de los procesados –Oriol Junqueras y Joaquim Forn– y si con los siguientes se reproduce la misma es muy probable que la próxima semana puedan realizarse los interrogatorios de otros ocho acusados. Desde luego, si la fórmula más extendida es la de no contestar al fiscal, como hizo Junqueras, todo puede ir más deprisa. El tribunal, desde luego, no quiere ganar tiempo por esa vía, pero es un dato objetivo que la negativa a responder a todas las acusaciones hizo que el interrogatorio de Junqueras fuera relativamente breve, teniendo en cuenta, además, que sólo le preguntó su abogado, Andreu Van den Eynde, y ningún otro de los defensores.
Las dificultades podrían surgir si cuando se llegue a la campaña electoral el juicio está en algún punto especialmente delicado, como
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el del pronunciamiento de la Fiscalía y el resto de las partes sobre si mantiene o modifica sus conclusiones provisionales, por ejemplo, o si coincide con los informes finales del fiscal y los letrados de acusación y defensa, o con el mencionado derecho a la última palabra que tienen los procesados. Pero ahí el tribunal tampoco estaría completamente desprovisto de mecanismos de reacción.
Al Supremo le cabría, por ejemplo, reordenar las sesiones de modo que no se produzca este tipo de coincidencias con la fase final de la campaña. Un paréntesis de unos días no supondría, en rigor, una suspensión de la vista. Pero con toda probabilidad el tribunal no va a tomar ahora decisiones, a la espera de ver cómo avanza el juicio, porque tampoco cabe descartar que si se progresa con rapidez dure alrededor de dos meses y no se llegue a solapar con la campaña.
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