EL TSJC falla que ATLL vuelva ya a la Generalitat
Acciona comunica al Govern que acepta entregar la empresa
La Generalitat tomará posesión de la gestión y de los bienes de ATLL en unos días. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha despejado el camino al desestimar la petición de Acciona de paralizar la entrega de ATLL mientras no se alcance un acuerdo –o una resolución judicial– sobre la indemnización por cancelación de contrato. El tribunal se ratifica en la decisión que ya adoptó a finales del 2018 y desestima la adopción de medidas cautelares para retrasar la cesión de ATLL.
Junto con el rechazo de la suspensión cautelar, el TSJC ha desestimado un recurso contencioso-administrativo en el que Acciona acusaba al director general de Patrimoni de vulnerar “derechos fundamentales”, también con el mismo objetivo de retrasar la entrega de ATLL. En concreto, la compañía argumentaba que con la resolución de diciembre del 2018 en la que Patrimoni ordenó la devolución de los bienes de ATLL se vulneró el derecho de “tutela judicial”, al no haberse discutido en sede judicial “el cambio de forma de gestión ni su expulsión en una determinada fecha como prestador material del servicio”.
Acciona ha optado por no presentar batalla a estos dos nuevos reveses judiciales. La compañía solicitó ayer formalmente por escrito a la Generalitat que finalice el proceso de recuperación de la concesión, de manera que el consorcio pueda abandonar la gestión sin incumplir las obligaciones contractuales que le obligan a mantenerse en sus funciones. La carta ya ha llegado a manos de la Conselleria de Territori y, según fuentes de este departamento, a finales de la semana próxima o principios de la siguiente se procederá a tomar posesión de los activos. Para eso, ya está constituido el correspondiente ente público – denominado ATL en lugar de ATLL–, que gestionará la compañía de aguas. Para dirigirlo, el conseller Damià Calvet ha elegido a Josep Andreu Clariana.
En sus últimas resoluciones, el TSJC no entra a valorar la cuestión de fondo, que es la compensación que reclama Acciona por la cancelación anticipada de su contrato. El tribunal considera que el asunto económico es subsanable aunque ATLL ya se haya traspasado a la Generalitat. “Como ocurre con frecuencia en el ámbito de la contratación administrativa, la liquidación del contrato puede realizarse con posterioridad a la terminación de los efectos del mismo”, señala el auto del tribunal.
En el capítulo de la indemnización, las posiciones siguen muy distanciadas y es muy probable que el asunto se acabe decidiendo en los tribunales. Acciona y sus socios reclaman unos 1.000 millones de euros, mientras que la última oferta de la Generalitat sólo admite 38 millones. El Govern ya ha anunciado que mejorará su propuesta, pero sigue considerando descabellada la petición de 1.000 millones.
La adjudicación de ATLL al consorcio de Acciona quedó definitivamente revocada por el Tribunal Supremo hace casi un año, pero desde entonces se han tenido que ir resolviendo numerosos recursos judiciales y la entrega se ha retrasado.
ATLL se encarga de la llamada gestión del agua en alta, es decir, extrae el agua potable en los ríos Ter y Llobregat y la trata en sus planas potabilizadoras. Su principal cliente es Agbar, la otra empresa que compitió por la gestión de ATLL en el 2013. En total, suministra a unos cinco millones de personas en 23 municipios, entre ellos Barcelona.
El tribunal no entra en la cuestión de la indemnización, el foco de la actual batalla