Sistema de estricta vigilancia

El Foro de Davos 2019 ha sido un déjà vu respecto de la cita anterior. Parece que el mundo se ha parado un año. Seguimos con las oportunidades de la inteligencia artificial, la robótica, el blockchain y la biotecnología; y con los retos del cambio climático y la ciberseguridad. Continuamos luchando por la paridad, la educación infantil y la erradicación de enfermedades. En el nivel geopolítico, los grandes asuntos se mantienen: el deterioro del orden liberal, la guerra comercial China-EE.UU., Siria y el Brexit. Sí se han producido cambios políticos en Latinoamérica, en México y Brasil y sobre todo la declaración de Guaidó en Venezuela, que nos cogió a algunos escuchando al presidente Sánchez en la sala principal, a 15 grados bajo cero en el exterior. Novedades que, siendo importantes, no cambian la fotografía del conjunto. Y lo mismo ocurre con el análisis económico. Como en el 2018, el mensaje ha sido que el largo periodo de crecimiento económico está en su fase final, aunque nadie sabe cuándo, ni tiene muy claro el porqué. En cuanto a nuestro monotema, como en años anteriores, ni uno solo de los cientos de debates lo ha mencionado siquiera.

Todo catalán que no sea cínico, fanático o desinformado debe admitir que el procés ha sido un desastre para el prestigio de Catalunya, su estabilidad económica y la convivencia. Por ello, el gran objetivo es impedir que un drama de esta magnitud vuelva a repetirse. ¿Cómo? Muchos piensan que la manera de salir de este embrollo es seguir intentándolo. Provocar de nuevo la reacción de la justicia y así fomentar el victimismo que permita aumentar la base social. Con ello y una persistente labor de desprestigio de España, volver a intentar recibir el apoyo de la comunidad internacional. De nuevo, quien no sea cínico, fanático o desinformado reconoce ya a estas alturas que los países no se escinden así como así y que el camino cuanto peor, mejor no lleva a ningún sitio, salvo a la decadencia, y quizás también a la violencia. La Constitución exige,

J. MALET, como todas las del mundo, unas mayorías reforzadas para cambiar su artículo 2, que proclama la integridad territorial. No sería democrático que el 7% de los votantes de España (47,5% de los catalanes) pudiese escindir una de sus partes sin las mayorías reforzadas exigibles para cualquier otro cambio constitucional. Ningún país con una democracia de más de una década se ha segregado hasta la fecha, y los únicos que han permitido un intento (Canadá y el Reino Unido) han consensuado antes una mayoría suficiente en sus parlamentos estatales. En otras palabras, salvo que dejemos de ser una democracia, un referéndum de secesión sólo sería posible si lo permitieran mayorías reforzadas en toda España, y eso no pasará.

Otra vía con grandes adeptos es intentar un pacto entre el Estado y las fuerzas independentistas. Algunos piensan que con una política de contentamiento se rebajarán los objetivos del independentismo y, al quitar razones mediante mayores competencias, disminuirán las mayorías que buscan romper con el orden constitucional. Algunas de estas ofertas bienintencionadas incluyen blindar competencias en educación, cultura, lengua y ordenación territorial, ampliar las competencias fiscales y cambiar el nombre de algunas instituciones y textos, reforzando la apariencia de Estado.

Desde mi punto de vista, pensar que la solución es la concesión de más autogobierno no se sustenta bajo los prismas de la experiencia y de la lógica. Presumir lealtad de los independentistas es un error. El independentismo ha utilizado todos los resortes de poder a su alcance y utilizaría estas mayores competencias sobre los centros educativos, la lengua o los contribuyentes. Los líderes ya han manifestado que nada les parará, y difícilmente la población que los apoya va a cambiar su sentido de voto por estos cambios que se venderán como insuficientes. Sin lealtad, cualquier nueva competencia transferida sólo servirá para aumentar las probabilidades de llegar al escenario no deseado.

Ese escenario, al que a mi juicio llevan irremediablemente los dos anteriores, es esperar un nuevo desbordamiento de la legalidad para suspender otra vez la autonomía, recentralizar competencias y privar de libertad a todos aquellos que hayan subvertido el orden constitucional y, esta vez, quizás también a sus colaboradores necesarios. Llegar a ese punto por segunda vez sería un golpe definitivo para la convivencia y prosperidad de los catalanes. Pero hay una opción. Establecer estrictos sistemas de vigilancia ex ante que impidan que nadie se salte la legalidad. La administración y el dinero de los contribuyentes no pueden servir para adoctrinar a la población. La educación, los medios públicos de comunicación, la policía, el espacio público, las oficinas exteriores de promoción económica, las infraestructuras tecnológicas y un largo etcétera no deben ser considerados, nunca más, como estructuras de Estado, es decir, instrumentos pagados por todos los catalanes para alcanzar la independencia deseada por unos cuantos. El sistema tiene que reforzarse en Catalunya y también en el resto de las comunidades autónomas, donde en muchos casos también se ha abusado del poder autonómico para crear regímenes todopoderosos, asfixiantes y omnipresentes, a veces corruptos. Este es el objetivo: un sistema de estricta vigilancia en todas las comunidades autónomas, mejorando los mecanismos de supervisión en el ordenamiento jurídico, sin necesidad de recentralizar. Un sistema que impida de antemano la utilización de las instituciones para dinamitarlas, sea por corruptos, por extremistas de derecha o izquierda o por soberanistas. Y, dentro de claros cauces de buena gobernanza y neutralidad institucional, que cada uno piense lo que quiera.

Hay que establecer un mecanismo que impida la utilización de las instituciones para dinamitarlas