Derechos para las familias de una persona
El CTESC reclama un pacto político para ampliar las ayudas a la natalidad, a la conciliación y a la dependencia
Los cambios sociales y demográficos hacen necesario redefinir qué se entiende por familia e incluir como tales a personas que viven solas para que disfruten de los mismos derechos y protección que quienes envejecen o proyectan una crianza en compañía. Estas son las dos primeras recomendaciones –de un total de 85–, que plantean los miembros del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) en el informe sobre políticas de apoyo a la familia que han elaborado para el Govern y que presentaron ayer. En él reclaman “un pacto nacional” que priorice, amplíe y dé estabilidad a las ayudas a la natalidad, la crianza, la conciliación y la dependencia, y las proteja de vaivenes políticos y cambios de gobierno.
El informe admite que la gran mayoría de la población de Catalunya –el 88% según el último censo de 2011– vive dentro de una estructura familiar, aunque a menudo esta cambia en cada etapa de la vida de una persona. Por ello, desde el CTESC proponen que también se protejan como familia a los hogares unipersonales de personas mayores que viven solas porque los hijos ya se han emancipado o de quienes desean tener o adoptar un hijo sin pareja, entre otros. “Hay que entender que las políticas de familia no afectan solo a la infancia, sino que deben atender el ciclo vital de las familias”, que comienza con el proyecto de tener un hijo y su educación pero continúa con el envejecimiento, la dependencia..., explica Xavier Riudor, director del departamento técnico del CTESC.
El informa analiza la situación de las familias y compara los beneficios que reciben en Catalunya con las políticas familiares de los países europeos. Y la conclusión es que las familias catalanas y españolas “están infrafinanciadas”: el gasto en protección social a las familias es del 0,8% del PIB en Catalunya y del 1,3% del PIB en España, muy por debajo del 2,4% de media de la UE y lejísimos del 3,5% del PIB que destina Dinamarca o el 3,2% de Alemania.
Nueva ley y cartera de servicios para cada etapa del ciclo vital
De ahí que los agentes sociales y empresariales representados en el CTESC aboguen por aumentar el esfuerzo presupuestario y redistribuir el gasto social para incrementar los recursos dedicados a la familia. Su propuesta es impulsar una nueva ley, un nuevo plan integral de apoyo a las familias, y establecer una cartera de servicios para los diferentes ciclos vitales: infancia, adolescencia, uniones, divorcios, etapa reproductiva, vejez... También proponen una ventanilla única para que los ciudadanos puedan conocer mejor a qué ayudas tienen derecho, y potenciar los servicios de orientación.
Ayudas a los jóvenes y más vivienda social
Entre las prioridades fijadas por el CTESC figura eliminar “las barreras de entrada” a la creación de una nueva familia, y para ello sugieren adoptar medidas que faciliten y anticipen la emancipación de los jóvenes, como ampliar la oferta de vivienda social.
Guarderías gratis y prestaciones por hijos menores de 16 años
Entre las medidas destinadas a facilitar la crianza de los hijos figuran recomendaciones como implantar de forma gradual la gratuidad de la educación de 0 a 3 años, regular los servicios de atención a los niños a domicilio (madres de día o casas nido), y establecer prestaciones públicas periódicas por cada hijo menor de 16 años, cuyo importe podría ajustarse por edad y renta familiar.
Excedencias remuneradas hasta los 12 años
Tras analizar las medidas de conciliación de la vida laboral y familiar que hay en otros países y comunidades autónomas, el informe recomienda al Govern ampliar los permisos existentes, tanto en tiempo como en remuneración. Proponen que los de maternidad y paternidad tengan la misma duración, sean intransferibles y garanticen el 100% del salario. Además, piden que se estudie la sustitución de las actuales excedencias y reducciones de jornada por un permiso retribuido –total o parcialmente– para criar a los hijos hasta los 12 años. Y sugieren crear otro permiso de corta duración para indisposiciones temporales de hijos o familiares dependientes. Lo que no concreta el informe es cómo se financiarían esas medidas “pero es un gran paso que la patronal y los agentes sociales se hayan puesto de acuerdo en estas medidas y estén dispuestos a discutir cómo se pagan”, enfatiza Ruidor.
Bonificar las cotizaciones sociales de los cuidadores
Los expertos también apuestan por ayudar a las familias a través de incentivos fiscales. De entrada, creen que debería permitirse la declaración conjunta del IRPF a las parejas de hecho. También proponen bonificar el 100% de la cotización a la Seguridad Social cuando se contrate a una persona para cuidar a menores de 12 años o a dependientes, que las reducciones de jornada para cuidar a familiares no afecten al cálculo de la pensión por incapacidad o jubilación, y que el Estado pague las cotizaciones de los cuidadores no profesionales, de las personas que no trabajan para atender a algún familiar dependiente.