El demandante pide una tasa de entrada a la ciudad

europea –que pone límites muy claros y precisos a la contaminación por NO2–. Considera que no está tomando todas las medidas necesarias para acatar estas normas, que tienen un carácter de obligado cumplimiento, al estar recogidas en su adaptación al derecho español.

“Es obligación del Ayuntamiento actuar, sobre todo cuando sabe que la contaminación ocasiona problemas de salud a todos los ciudadanos de Barcelona”, declara el demandante. “Soy padre y me siento responsable de la salud de mis hijas”, dice este vecino del Eixample, cuyas hijas van a un colegio de la calle Aragón, “una autopista urbana con 100.000 coches al día”. “Tengo el mismo derecho a respirar aire limpio que quienes viven fuera de la ciudad y respiran aire puro”.

Román afirma que el gobierno local asume en su discurso la lucha contra la contaminación, pero sin que se lleven a cabo las medidas necesarias, lo que le atribuye al “temor a la impopularidad y al miedo a perder votos”. “Las directivas marcan límites muy claros. ¿Por qué no se cumplen? También la administración ha de cumplir las leyes”, repite.

Así las cosas, expresa su convencimiento de que “por la vía política no se conseguirá nada, más allá de expresar unas meras intenciones”, por lo que ha recurrido al juez.

En este sentido, argumenta que la documentación relativa a los planes municipales contra la contaminación no cuantifica el descenso de emisiones de NO2 que comportaría. Igualmente, esgrime que las medidas anunciadas para disminuir la polución a partir del año 2020 (cuando no podrán circular los vehículos que carezcan de etiquetas adhesivas ambientales de la DGT) tampoco servirán para rebajar la contaminación para ajustarla al nivel permitido. “Cada día entran 1.000.000 de coches a la ciudad y los expertos nos han dicho que no está comprobado que esas etiquetas vayan a servir para la contaminación se quede por debajo de los 40 microgramos por metro cúbico”, dice. A su iniciativa se han sumado numerosas personas (padres de familia, profesionales...) que han promovido una plataforma en internet (wwv.stopcontaminaciobcn.org).

En su escrito, el demandante propone la implantación en Barcelona de un sistema como el que se aplica en diversas ciudades europeas (la tasa o peaje de congestión o de entrada en la ciudad), entre ellas Estocolmo, Londres o Milán, con la finalidad de que haya menos coches. Mediante esta fórmula, los vehículos que entran en la ciudad son controlados a través de cámaras y los conductores pagan una tasa diaria, que tiene un efecto disuasorio.

“Los especialistas nos dicen que la tasa de entrada en la ciudad es la medida más eficaz justa y equitativa” reiterada. “En Estocolmo, su aplicación ha dado magníficos resultados y un descenso del 35% del tráfico”, dice Martín, convencido de los ingresos de este sistema son la solución idónea, pues permitirían introducir mejoras complementarias: transporte público, autobuseslanzadera hasta el centro de la ciudad, aparcamientos disuasorios en la periferia… “Me gustaría que el gobierno de mi ciudad me dijera que tiene una estrategia para cumplir la ley; que me concretara cómo va a reducir el tráfico y me enseñara los objetivos y el calendario concretos para llevarlo a cabo”, señala. “Tengo un derecho europeo que me ampara; por eso, pido al Ayuntamiento que aplique medidas concretas para que acabe con la contaminación. Y eso no debería ser ahora, y no dentro de dos años”, sentencia.

“Las directivas marcan límites muy claros. ¿Por qué no se cumplen? “

“Tengo el mismo derecho al aire limpio que quienes viven fuera de la ciudad”