Sólo uno de cada cuatro solicitantes es un inmigrante extracomunitario

vienda pública vuelve a arrancar tímidamente, en la provincia de Barcelona 97.799 unidades de convivencia esperan un piso de protección; 12.283 en Tarragona, 10.225 en Girona y 4.954 en Lleida.

El informe elaborado por la Generalitat radiografía el perfil de las familias que solicitan este tipo de vivienda. El grupo de edad más numeroso es el que corresponde a la franja entre los 35 y los 65 años, que suponen el 61,47%de los solicitantes. También son representativos los menores de 35 años, que son el 30% del total. Predominan las mujeres y sólo un 25% solicita un piso en propied. El 37% opta por el alquiler y la gran mayoría, por una alternativa intermedia, el alquiler con opción a compra.

Está por ver el comportamiento de los demandantes de vivienda pública una vez entre en vigor el decreto de la Generalitat que establece que todos los pisos protegidos de nueva construcción deben ser en régimen de arrendamiento para que las administraciones públicas puedan conservar la propiedad de este bien y disponer, de una vez por todas, de un parque público de vivienda.

La decisión afectará sobre todo a ayuntamientos con menor capacidad de inversión y que recurren a la venta para poder sufragar la vivienda protegida. El informe del registro de solicitantes desmonta una de las leyendas urbanas que corren como la pólvora a través de los grupos de WhatsApp en estos tiempos de fake news, el de las mayores facilidades de acceso de los inmigrantes a las viviendas construidas con ayudas públicas. Así las cosas, el 73% de los solicitantes es local, el 25% procede de países no comunitarios y el resto, de estados de la Unión Europea.

Para solicitar una vivienda pública la unidad convivencial debe tener unos ingresos mínimos y no sobrepasar unos máximos. Es decir, en el registro de solicitantes no se incluye a todas las familias que tienen problemas para pagar las cuotas de la hipoteca o hacer frente a la renta mensual del alquiler. Estas familias no están contabilizadas, aunque sí que hay datos de las subvenciones aportadas a este fin por la Generalitat en el último año. Solamente en ayudas concedidas en situaciones especiales de urgencia, el Govern invirtió casi cuatro millones de euros. Un 64% de esta partida se destinó a pagar alquileres.

Todavía no se ha publicado la información sobre las subvenciones otorgadas para el pago de la renta del alquiler en el 2018. El año anterior, según la Agència de l’Habitatge, la factura fue de 116 millones de euros.