El contraproducente desafío de Torra
LA cansina y estéril crisis de los lazos amarillos en los edificios públicos catalanes cubrió ayer una nueva etapa. Por la mañana se sustituyó en el balcón de la Generalitat la pancarta que pedía la libertad de los políticos presos o expatriados, con un lazo amarillo, por otra que pedía exactamente lo mismo con un lazo blanco tachado con trazo rojo. Por la tarde, la Junta Electoral Central decidió abrir expediente sancionador por desobediencia y llevar a la Fiscalía a Quim Torra, presidente de la Generalitat, y ordenar al conseller de Interior que los Mossos retiren los carteles de presos y los símbolos independentistas.
Con la sustitución que auspició, el presidente de la Generalitat creía quizás dar satisfacción al requerimiento de la Junta Electoral Central (JEC), que exigía neutralidad en los edificios públicos y solicitaba retirar de ellos, en vísperas de la campaña electoral, toda proclama partidista. Pero difícilmente podía contentar a dicha entidad, encargada de velar por un desarrollo irreprochable de los procesos electorales, puesto que lo que requería era retirar estelades y lazos amarillos porque pretendían “recordar que dirigentes o candidatos pertenecientes a formaciones políticas que se presentan a las próximas elecciones de encuentran en prisión”. Y la pancarta que ayer se colgó en la Generalitat producía el mismo efecto que la anterior, al pronunciarse en favor de personas que concurren a las elecciones de abril en las listas del PDECat. Había desaparecido del balcón el color amarillo, sí. Pero no el lazo. Y en nada cambiaba el mensaje principal de quienes dirigen la Generalitat alineados con el soberanismo. Además de en Palau, esto era patente ayer en las conselleries, que exhibían en diversa medida mensajes similares, lazos y un batiburrillo de flores, animales y otras figuras de cartulina amarilla recortada, a modo de sucedáneo de los símbolos mayores.
La sensación que produce en un observador normal esta sucesión de astucias es que Torra estaba tratando de burlar la ley con escaso disimulo. Sus exégetas quizás atisben en su conducta dignidad. Pero para los defensores de la democracia y de las leyes lo que ha venido haciendo Torra abunda en la política de desprecio a la normativa legal y de ninguneo de la oposición, que ya tintó los lamentables hechos del otoño del 2017.
Cicerón es recordado a menudo porque un día le preguntó a Catilina hasta cuando pretendía abusar de la paciencia del Senado romano. Pero nos dejó otras muchas frases que invitan a la reflexión. Por ejemplo, esta: “Para ser libres hay que ser esclavos de la ley”. Parte del soberanismo cree que esto es innecesario, al tiempo que admite que la declaración de independencia fue un farol. Lo cual sume al país en un bucle de agitación tan continua como improductiva, dirigida desde instituciones que a todos deben representar por líderes de parte que postergan los problemas urgentes de los catalanes. El despropósito es evidente y ya de larga duración. Tanto, que genera discrepancia con aliados históricos como el PNV, que ayer rompió “décadas de fraternidad política” en las europeas con el PDECat, e incluso en las filas independentistas, donde no faltan quienes contemplan preocupados las acciones de Torra. Los efectos de esta política propia de un activista irrefrenable no serán positivos. Porque cada día sacrificado en esta deriva gesticulante es un día perdido para el país. Y porque, indirectamente, se da aire y votos a quienes apoyan posiciones extremas.