Armar al ciudadano no es buena idea
MIENTRAS los neozelandeses despiden hoy de forma solemne a las 50 víctimas mortales del atentado supremacista contra dos mezquitas en Christchurch, en el sur del país, su Gobierno ha anunciado una ley para prohibir las armas de guerra, semiautomáticas y algunas de caza, para tratar de evitar que se repita un ataque como el del pasado día 15 de marzo. La medida ha recibido un amplio apoyo ciudadano.
La posibilidad de tenencia de armas por cualquier persona es un debate que forma parte del pasado, aunque en Estados Unidos siga estando de actualidad por razones falsamente históricas. Las sociedades modernas y democráticas hace tiempo que han encargado su defensa a las fuerzas policiales el orden público, de forma que estas son las que ostentan el monopolio de la violencia bajo obvio control judicial. Sin embargo, siempre que ocurre un hecho violento aparecen voces en favor de permitir que la sociedad civil se arme con el objetivo de defenderse. El argumento es tan infantil que se cae por sí mismo, porque nadie duda que la proliferación armamentística no tendría otra consecuencia que un aumento de la violencia y de la inseguridad. Nueva Zelanda ha decidido tomar el camino hacia una sociedad más segura y madura prohibiendo que la ciudadanía tenga acceso, como hasta ahora, a las armas automáticas.
Simultáneamente a lo que ocurre en las antípodas, en plena precampaña electoral española, Vox se ha mostrado partidario de permitir el acceso a las armas de la ciudadanía, una propuesta que todos los demás partidos han rechazado de plano y sin ambages. Bajo la excusa de ampliar el concepto de la legítima defensa ante la delincuencia y en la línea de la propuesta realizada a principios de este mes por el ministro del Interior italiano, Matteo Salvini –“se pueda disparar a los ladrones”–, Vox se apunta a una medida de carácter populista que trata de hacer retroceder a la sociedad a la ley de la selva en la que el ciudadano se defiende a sí mismo, por encima de policías y jueces, que hoy son los encargados de velar por la seguridad de todos.
Más allá de que Vox trate de potenciar su presencia en los sectores más reaccionarios de la sociedad y que su propuesta para rearmar la sociedad haya contado con el rechazo unánime de todo el arco parlamentario, como no podía ser de otra manera, conviene que quienes ejercen la función legislativa analicen la forma de garantizar al máximo la seguridad de los ciudadanos mediante la ley, la policía y la justicia. Dejar la cuestión en manos de Vox sería una grave irresponsabilidad.