Condena al Ayuntamiento por la rescisión de Glòries
Bimsa debe compensar a las constructoras que echó en el 2017 con unos 4 millones por daños, obras no pagadas y retrasos no imputables
Varapalo judicial al Ayuntamiento de Barcelona por la polémica rescisión del contrato de construcción de los túneles de la plaza de las Glòries, efectuada hace dos años. Un juez ha fallado que esta resolución no estaba justificada, por lo que la empresa municipal Bimsa deberá compensar económicamente a la UTE que ejecutaba los trabajos y fue apartada de los mismos. El montante resultante de la aplicación de la sentencia, que es recurrible, asciende a unos 4 millones de euros, entre la indemnización por daños y perjuicios derivados de la expulsión de las obras, por los trabajos realizados y no abonados y por los retrasos en su ejecución no imputables a las constructoras afectadas.
El fallo del magistrado Guillem Soler Solé, titular del juzgado de primera instancia número 1 de Barcelona, a la que ha tenido acceso La Vanguardia, estima parcialmente la demanda interpuesta por la UTE Túnel Glòries, formada por Comsa, Copisa, Benito Arnó e Hijos y Rogasa, contra la rescisión efectuada el 24 de abril del 2017 del contrato que firmó con Bimsa el 31 de marzo del 2015. Los demandantes reclamaban una cuantía mayor, de unos 7 millones. Los trabajos se adjudicaron por 50 millones.
Entre otras cuestiones, el juez descarta que el retraso en la realización de las obras por parte de las constructoras fuese lo suficientemente grave para justificar la resolución del contrato. Pero, al mismo tiempo, concluye que los defectos que tenía el proyecto no imputables a la UTE no lo hacían inejecutable, de tal manera que tampoco podía resolverse por este motivo.
El magistrado declara “improcedente” la resolución y ordena a Bimsa la devolución de la cantidad de 3.030.647 euros retenida en concepto de indemnización por daños y perjuicios por la rescisión el contrato. Adicionalmente, condena a la citada empresa municipal a pagar 574.628 euros en concepto de mayor importe por obra ejecutada. Y, por último, a abonar otro importe que no determina, consecuencia de los retrasos de las obras no imputables a la UTE y que fueron mayores que los que el Ayuntamiento había reconocido, 12,1 meses en vez de 8,1. Esto último supone, según fuentes consultadas en el sector, cerca de medio millón de euros. A todos estos conceptos se les deben añadir los intereses legales desde la fecha de presentación de la demanda.
Esta sentencia inicia una oleada de fallos judiciales que se prevé se produzcan en los próximos meses relacionados con controvertidas decisiones del Ayuntamiento, entre los que figuran las moratorias hoteleras en el centro de la ciudad y de restaurantes en Ciutat Vella o el plan especial urbanístico de alojamientos turísticos (Peuat).
El caso de Glòries se remonta al 2015, cuando, al poco de comenzar las obras de construcción de los túneles se comprobó que serían más complejas de lo previsto. Esto provocó importantes retrasos y sobrecostes, en cuyo alcance las dos partes –la UTE y el Ayuntamiento– no se pusieron de acuerdo. Ambas encargaron informes técnicos para determinar estos valores, que han sido presentados en este proceso judicial. El asunto también se vio salpicado por el caso del 3%.
Bimsa readjudicó las obras en febrero del 2018 a diez empresas repartidas en cinco lotes por un importe total de 83,2 millones de euros. Pero el proyecto no es el mismo que se paralizó meses antes ya que incluye, entre otros cambios, la prolongación de los viales soterrados desde la calle Badajoz hasta la rambla del Poblenou. La previsión es que estos trabajos concluyan en el primer trimestre del 2021.
Ni los retrasos en las obras ni los defectos del proyecto justificaron la resolución del contrato, según el juez