Gobierno e institución

El monopolio de los derechos humanos es uno de los motores de la polémica sobre los lazos amarillos y las pancartas en edificios públicos. Esta inercia no es nueva. Hace tiempo que referentes como Gandhi, Mandela o Rosa Parks se han soberanizado ante la pasividad de los que no tienen la energía suficiente para contradecir obviedades, como que la libertad de expresión no es patrimonio de nadie. Cada silencio es una derrota. En vez de discutir, callamos. En vez de constatar que la ingeniería de la astucia es una catástrofe, miramos hacia otro lado y devaluamos el potencial del respeto. El gran éxito de la criminalización totalitaria del independentismo ha sido la instauración de una asfixia encubierta de la excepcionalidad entendida como gran coartada para perpetuar el colapso.

La batalla de los lazos debería entenderse como el mal menor de una convivencia que ha sabido evitar confrontaciones maximalistas. El problema es que las excepciones de intolerancia se multiplican y desmienten el hasta hace poco ejemplar “ni un papel en el suelo”. Como ha confirmado el juicio a través de testimonios antagónicos, septiembre y octubre del 2017 no siempre fueron una balsa de aceite. La prueba: el fatídico día en el que se proclamó el artículo 155, incontrolados impunes de extrema derecha fueron a Catalunya Ràdio con la intención de practicar la violencia tumultuaria sin que ninguno de los cuerpos de seguridad que pagamos entre todos interviniera con eficacia. En la tragicomedia de lazos y pancartas en el balcón de la Generalitat han intervenido secundarios vintage como Rafael Ribó, prodigio de longevidad en la gestión del ego y, sobre todo, un presidente Quim Torra que confunde deliberadamente las prerrogativas gubernamentales con la representatividad institucional.

Como Gobierno, el presidente y sus consellers tienen toda la legitimidad para atender el mandato de sus electores inspirándose en figuras expropiadas de la desobediencia. Pero la institución es otra cosa. La institución debe preservar el respeto mayoritario que encarna su escudo aunque el gobierno haya estado compuesto históricamente por temerarios, corruptos, megalómanos, mediocres, idealistas, honestos o grandes gestores escandalosamente malogrados para la causa del servicio público. En el peligroso momento que estamos viviendo, la inmediatez se antepone a la reflexión y, como pasa en el fútbol, la presión de una minoría hooligan se impone al criterio de los aficionados. Una de las trampas dialécticas que, como una epidemia, circula estos días pretende equiparar la voluntad de gobierno con la dignidad de la institución. Lo que se está confirmando es que, en según qué manos, se puede ser simétricamente incompetente a la hora de dignificar un gobierno y una institución con la única idea de llegar a las elecciones en un ambiente lo bastante deteriorado (polarizado, se dice ahora) para que la política sólo sirva como alcantarilla de estados de ánimos, con o sin nación.

Como Gobierno, el presidente y sus consellers tienen toda la legitimidad para atender el mandato de sus electores