La Fiscalía decide querellarse contra Torra por un delito de desobediencia
El president cuelga otra pancarta en Palau mientras se retiran todos los lazos
Los edificios de la Generalitat se quedaron ayer sin los lazos y las pancartas reivindicativas del soberanismo, tal como dispuso la Junta Electoral Central (JEC). El Govern de Quim Torra cedió y los Mossos sólo tuvieron que actuar en algunos casos para hacer cumplir la orden, pero el president verá como la próxima semana –se espera que sea el mismo lunes– se interpondrá contra él una querella por el supuesto delito de desobediencia por haber desoído las resoluciones anteriores de los jueces electorales que le ordenaban retirar los lazos amarillos, o cualquier otro símbolo que pudiera considerarse partidista, de los edificios públicos dependientes de la Administración catalana.
La decisión de actuar por la vía penal fue adoptada ayer por la Fiscalía General del Estado, en permanente comunicación con la de Catalunya, tras analizar los acuerdos tomados en la última reunión de la JEC, que llegó a atribuir a la Generalitat la intención de “burlar” sus resoluciones.
En cierto modo, la querella vuelve a ser una operación de Estado, la respuesta desde las instituciones estatales a una iniciativa de Torra recibida como un nuevo intento de desafío a un órgano constitucional con competencias muy relevantes, como la de garantizar la limpieza de las contiendas electorales. De hecho, el inicio de la acción penal se daba por hecho desde hace días si la Generalitat no cumplía con los mandatos de la Junta Electoral.
La Fiscalía tuvo los motores al ralentí mientras duró el pulso entre la Generalitat y la JEC, pero con plena conciencia de cuál sería el final de la polémica si no había rectificación por parte de Torra. Nadie se puso a redactar la querella porque el tipo penal aplicable está muy claro y porque quedaba un hilo de esperanza en que no sería preciso actuar contra el president, pero desde principios de semana se fue consolidando la percepción de que la Fiscalía acabaría viéndose abocada a actuar contra Quim Torra.
La maquinaria judicial, en todo caso, es lenta. La pena de inhabilitación –de 6 meses a 2 años– que pudiera corresponder al presidente de la Generalitat tardará muchos meses en llegar. Una vez presentada la querella ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) –instancia ante la que el president está aforado–, los jueces deberán decidir si la admiten a trámite y nombrar un instructor para la investigación de los hechos.
Las causas del 9-N y del 1-O –obviamente de mayor entidad– han implicado, o están implicando no ya meses, sino años, con lo que el eventual juicio contra Torra difícilmente tendría lugar a lo largo del 2019. En ningún caso, por tanto, la posible inhabilitación del president sería una decisión que quepa tomar en breve plazo.
La presentación de la querella corresponderá a la Fiscalía de Catalunya, probablemente a su jefe, Francisco Bañeres. Pero los términos habrán sido tratados previamente con la Fiscalía del Estado. Desde el 9-N –y aunque ahora la situación es muy distinta– la Fiscalía General no le quita ojo a la evolución de las causas relacionadas con Catalunya. La fiscal general, María José Segarra, ha estado por tanto al cabo de la calle de las actuaciones realizadas desde el inicio de las tensiones entre la Generalitat y la JEC. Aunque no hay urgencia alguna para la presentación de la querella, Segarra ha pedido que su redacción esté lista lo antes posible, para que su tramitación judicial se inicie cuanto antes.
El hecho, por otra parte, es que al Gobierno no le viene mal que el inicio de la acción penal contra Torra coincida con la precampaña electoral. Es una vía de respuesta indirecta a las críticas de los partidos de la oposición por la supuesta inacción del Ejecutivo frente a sus aliados soberanistas de la moción de censura contra Mariano Rajoy. La querella, además, la presenta la Fiscalía en ejercicio de su autonomía, de modo que los perjudicados, a su vez, no pueden criticar directamente al Ejecutivo por la medida.
La iniciativa de la Junta Electoral, en suma, puede verse desde el Gobierno como una operación de coste cero que tiene la ventaja de no sumar factores de desgaste en manos de la oposición. La Fiscalía, por otro lado, ha actuado en obligada respuesta al impulso de la propia Junta Electoral, y no ante las denuncias del PP y Cs, partidos a los que los fiscales no les han concedido gran protagonismo en el conjunto del episodio. Otro dato que el Ejecutivo no ha echado en saco roto es el hecho de que los consellers de ERC retiraron ayer los lazos amarillos de las sedes de sus departamentos sin esperar a que lo hiciera el president Torra en el Palau de la Generalitat.
El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, destacó a su vez ayer el papel fundamental que todo este asunto ha correspondido a la citada Junta. El Ejecutivo está “al servicio de la Junta Electoral y de sus resoluciones para que se hagan efectivas”, dijo Sánchez en la rueda de prensa posterior al Consejo Europeo en Bruselas.
En Catalunya, el día amaneció con la incertidumbre de saber si el Govern acataría la instrucción expresa de la JEC de descolgar los lazos amarillos de las fachadas de los edificios del Govern, o bien esperaría a que los Mossos lo hicieran de oficio. Si antes de las 15 horas la simbología seguía colgada, la policía catalana tenía el encargo de actuar. Sin embargo, no tuvo que hacerlo, al menos en lo que respecta a
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