El fiscal excluye a la justicia europea del caso Junqueras
Un informe pide al Supremo que no consulte a Luxemburgo
La Fiscalía pidió ayer al Tribunal Supremo (TS) que mantenga su decisión de no permitir la acreditación de Oriol Junqueras como eurodiputado y que no consulte sobre su caso, por ser innecesario, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). La petición de que se presentara la consulta, o cuestión prejudicial, al Tribunal de Luxemburgo, fue realizada por la defensa de Junqueras, por estimar que el Supremo no ha aplicado correctamente las previsiones del Parlamento Europeo sobre desde qué momento un eurodiputado electo goza de inmunidad.
Si el Supremo hubiera aceptado que a Junqueras le asiste esta prerrogativa, habría tenido que pedir a la Eurocámara un permiso, o suplicatorio, para proseguir el proceso penal contra el exvicepresident, una causa que ahora está pendiente de sentencia. Todo ello hubiera impedido, por tanto, la prosecución del procedimiento y eventualmente hubiera podido traducirse en la imposibilidad de dictar el fallo, si el Parlamento Europeo no hubiese concedido el suplicatorio.
Después de ponderar todos los factores e intereses concurrentes, el TS concluyó que era preciso denegar el permiso para que Junqueras acudiera a la Junta Electoral Central (JEC) con el fin de tramitar su acreditación como eurodiputado. Tras el recurso del exvicepresident, la Fiscalía ha respaldado este criterio.
La tesis de los fiscales Javier Zaragoza y Fidel Cadena es que el Supremo limitó “temporalmente” el derecho de participación política de Junqueras, pero añaden que lo hizo “para preservar fines constitucionalmente legítimos” –el aseguramiento del proceso penal– y en base a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). El informe sostiene que la decisión del Supremo implica “la apertura de un paréntesis interruptivo” y “no supone el menoscabo de la adquisición de titularidad del derecho, sino que se limita a aplazar su verdadero y efectivo reconocimiento”. La JEC, a su vez, declaró ayer vacantes los escaños de Puigdemont, Junqueras y Comín, y excluyó a posibilidad de que el expresident tramite su acreditación de forma no presencial. El Supremo tendrá que pronunciarse definitivamente sobre el recurso de Junqueras, pero antes resolverá probablemente sobre las peticiones de las defensas para que los presos del caso 1-O salgan en libertad, una vez terminado el juicio. El criterio dominante en el Alto Tribunal es que sigue existiendo riesgo de fuga, y a la vista de las manifestaciones hechas por los procesados en el ejercicio del derecho a la última palabra, también de reiteración delictiva.