Colau expropia por primera vez el uso de una vivienda a un banco
El Ayuntamiento también ha multado a una sociedad por desahuciar sin ofrecer alquiler social
Tras escuchar durante estas últimas semanas que Ada Colau se había convertido en la candidata de las élites por los votos favorables de Manuel Valls a su investidura, la alcaldesa ha querido marcar territorio y dejar las cosas claras desde un principio. En la primera rueda de prensa municipal del mandato, la nueva concejal de Vivienda, Lucía Martín, lanzó un mensaje a los grandes tenedores de pisos de Barcelona y les advirtió que “no permitirán abusos” en un tema tan sensible como la vivienda. Anunció que el Ayuntamiento expropiará por primera vez una vivienda a una entidad bancaria –el BBVA– por mantenerla desocupada durante dos años. La intención es incorporar esta residencia al parque de vivienda de alquiler asequible de la ciudad durante 10 años y no se descarta que en breve puedan sumarse otros siete pisos que se encontrarían en la misma situación.
La medida se ha podido tomar, según explicó Martín, después de que el Tribunal Constitucional (TC) levantara la suspensión de algunos artículos de la ley 4/2016 que promovía iniciativas para la protección al derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión social. El piso en cuestión, ubicado en la calle Palerm del barrio del Besòs i el Maresme, estaba dentro del registro de vivienda vacía de la Agència de l’Habitatge de Catalunya. Un listado que creó la Generalitat y que obliga a los grandes tenedores, en su mayoría sociedades y entidades bancarias, a registrar el número de pisos de los que son propietarios y están sin inquilinos. Según el Ayuntamiento, la cifra puede variar diariamente, ya que se producen altas y bajas pero en este registro se acumula un millar de viviendas.
El director jurídico del Institut Municipal de l’Habitatge, Isidre Costa, explica que lo más complicado en estos casos es demostrar que el piso ha estado desocupado durante más de dos años. Se hace en base a la comprobación del padrón municipal y del consumo de servicios. Posteriormente, se efectúan inspecciones y se determina que la vivienda está vacía. Una vez demostrado se ofrecen medidas de fomento de alquiler para evitar llegar al extremo de la expropiación. Martín explicó que al Ayuntamiento “no le mueve el afán recaudatorio, pero quiere corregir malas prácticas”. En este sentido, explica el Consistorio abonará al BBVA 10.000 euros por la expropiación, es decir el cálculo del valor del usufructo en estos diez años. También apunta que existen otros expedientes que podrían acabar igual y que la entidad había interpuesto un recurso, pero según Martín, ello no impide que se haga efectiva la expropiación.
Sin embargo, fuentes del BBVA aseguran que esto ya es motivo suficiente para parlizarla y niegan que el piso haya “estado desocupado durante dos años”. Explican que, posiblemente, estuviera incluido en el registro de viviendas vacías, pero aseguran que ahora está “habitado por una familia vulnerable” sin precisar si está ocupándolo ilegalmente o paga un alquiler. También dicen que el piso se ofreció en tanteo y retracto a las administraciones en julio del 2018 cuando la entidad quiso desprenderse de sus activos inmobiliarios dentro de la operación de venta a Cerberus. Estas mismas fuentes aseguran que la Generalitat anunció en abril la compra del piso, una adquisición que aún no se ha hecho efectiva.
Al margen de esta actuación, la concejal de Vivienda también ha explicado que el Ayuntamiento ha iniciado un expediente sancionador a una sociedad gran tenedora de vivienda por impulsar un proceso de desahucio sin ofrecer previamente el alquiler social a una familia vulnerable. Las multas por el incumplimiento de la ley 24/2015 –también había estado suspendida– pueden alcanzar los 90.000 euros. En el último mandato el Ayuntamiento ha cobrado 165.000 euros en concepto de multas por las malas prácticas por el uso de la vivienda y hay abiertos otros 300 expedientes por estas mismas causas.
En el último mandato el Consistorio de Barcelona ha cobrado 165.000 euros en multas
El BBVA dice que el piso no ha estado vacío dos años y ahora vive una “familia vulnerable”