Pelea de la familia de Diana Quer, a veinte días del juicio
fue mucho más profesional y el ADN delató al británico.
Tras haber sufrido un espeluznante acoso mediático y popular, la emprendedora gallega dedicada a la hostelería no tendría que volver a pasar por otro calvario judicial. El segundo juicio se anuló. Vázquez, que había sido calificada como “el rostro de la maldad del principio del siglo XXI”, quiso entonces desaparecer voluntariamente, desdeñó el contacto con las personas, especialmente con los medios de comunicación, y abandonó el país.
Volvió al Reino Unido, a un pueblecito al este de la Londres, y trabajó en una empresa de transportes. Allí nadie la conocía, ni sabía por lo que había tenido que pasar. Era una mujer anónima, lo que más deseaba.
En el año 2013 hizo una breve e inesperada aparición pública en unas jornadas sobre la presunción de inocencia. Nada más se volvió a saber de ella. El Correo Gallego publicó ayer que Dolores Vázquez vive desde hace un tiempo en su Betanzos natal, donde se siente segura y arropada. Pidió una indemnización de cuatro millones de euros por los 17 meses de prisión injustificada, que el Tribunal Supremo le negó.
El caso de la desaparición y muerte de Rocío Wanninkhof abrió un amplio debate sobre el peligro de la presión pública y mediática a la hora de impartir justicia por un jurado popular, especialmente cuando las víctimas son mujeres jóvenes y la búsqueda del cadáver se prolonga por un tiempo, una situación que alimenta el sensacionalismo y nubla el raciocinio sereno.
Dolores Vázquez fue víctima de una serie de casualidades que parecían apuntar a su culpabilidad. Había mantenido una relación sentimental con la madre de Rocío y los investigadores apuntaron desde el primer momento al entorno cercano a la joven. Creyeron que Vázquez podía haber asesinado a Rocío, al considerarla responsable de la ruptura sentimental con su madre.
La investigación halló pruebas circunstanciales nada concluyentes que, unidas a la presión de la opinión pública, se encargaron de agrandar la sombra de la sospecha sobre la mujer. Una combinación explosiva que desembocó en uno de los peores errores de la historia judicial española. Juan Carlos Quer, el padre de Diana Quer –asesinada en agosto del 2016 por José Enrique Abuín Gey, el Chicle–, quedó ayer en libertad con cargos después de declarar ante la juez de primera instancia e instrucción número 7 de Majadahonda. La declaración tuvo lugar después de que Quer fuera detenido por la Guardia Civil tras una denuncia presentada el martes por la noche por su exmujer, Diana López Pinel, por un presunto delito de violencia de género. López Pinel acusa a Quer de agredirla y de haberla intentado atropellar, el mismo martes.
La magistrada rechazó las medidas cautelares solicitadas y Quer será investigado por la supuesta comisión de un delito de lesiones.
Por su parte, Quer interpuso ayer una denuncia por injurias y calumnias contra su exmujer ante la Policía Nacional en Pozuelo, donde presentó un parte médico que reflejaría que ella lo arañó durante la discusión. Posteriormente, Quer se personó ante la Guardia Civil de Majadahonda, donde fue detenido.
En los juzgados, en los que López Pinel ratificó la denuncia, Valeria Quer –la otra hija en común de la pareja–, increpó a su madre y desmintió ante los medios que su padre intentara atropellarla. Ante las acusaciones de su hija, López Pinel replicó que Quer incluso habría pegado a la joven.
Todo esto se produce a menos de tres semanas del inicio del juicio contra Abuín Gey, único acusado del crimen de Diana Quer, y que se enfrenta a los delitos de asesinato, agresión sexual y detención ilegal, por lo que tanto la Fiscalía como la acusación particular piden la prisión permanente revisable.