Detienen a protagonistas de la trama ucraniana por donaciones irregulares
Donaciones irregulares de campaña, negocios privados y diplomacia internacional se mezclan en la detención, anteanoche en Washington, de dos empresarios estadounidenses de origen soviético relacionados con Rudy Giuliani, abogado del presidente estadounidense Donald Trump, para recabar información política dañina para los demócratas.
Lev Parnas, natural de Ucrania, y Igor Fruman, nacido en Bielorrusia, están acusados de violar las leyes de financiación de campañas electorales de EE.UU. a raíz de una donación de 325.000 dólares a un fondo que apoya la reelección de Trump. Residentes en Florida, ambos están acusados de mentir a la Comisión Electoral Federal, conspiración y falsificación de documentos. De acuerdo con la investigación de la fiscalía de Manhattan, la empresa desde la que se hizo la donación –una gasística sin actividad real– era en realidad una tapadera. El acta de acusación asegura que Parnas y Fruman intentaron obtener beneficios políticos y financieros para un funcionario ucraniano para el que trabajaban. Sus donaciones, que en total rondan el medio millón de dólares, facilitaron el acceso de los empresarios al Partido Republicano y al propio presidente, con quien se han reunido en su hotel de Mar-a-Lago (Florida), de acuerdo con la agencia AP, o con su hijo mayor, Donald Trump Jr, con quien se fotografiaron en septiembre.
Parnas y Fruman son los intermediarios que ayudaron a Giuliani a reunirse en enero con el exfiscal de Ucrania Yuri Lutsenko, entre otros altos cargos del país, de acuerdo con varios medios estadounidenses. Los demócratas sospechan que los hombres trabajaron como emisarios de Giuliani y Trump ante las autoridades ucranianas y los han citado a declarar en el marco de la investigación del posible impeachment del presidente.
La acusación va más allá y afirma que Parnas y Fruman estaban en contacto con un congresista estadounidense para conseguir la expulsión de la embajadora de EE.UU. en Kíev, Marie Yovanovitch, a petición del gobierno ucraniano. Yovanovitch, finalmente, fue retirada dos meses antes de lo previsto. El Congreso la ha citado hoy a declarar pero no está claro si el Departamento de Estado, que ya ha vetado a otro testigo de la trama, le vaya a permitir comparecer. Los servicios legales de la Casa Blanca han subrayado que ni el presidente ni su equipo de campaña estaban al corriente de los hechos que se imputan a los empresarios.