Los miembros de JxCat de la Mesa se niegan a recibir la advertencia del TC

Constitucional en aplicación automática del artículo 161.2 de la Carta Magna, que prevé dicha medida en los recursos de inconstitucionalidad o incidentes de ejecución como el presente, cuando lo pide el Gobierno.

Paralelamente, el TC dio ayer un plazo de diez días al Parlament y al Ejecutivo para que formulen alegaciones en apoyo de sus respectivas tesis, tras lo cual los magistrados entrarán en el fondo de la cuestión, para dictar sentencia.

La decisión del Tribunal Constitucional obtuvo la respuesta del presidente del Parlament, Roger Torrent, que hizo oídos sordos a la advertencia y respondió que no piensa frenar resoluciones futuras pese a que incumplan las sentencias del Tribunal. Así, y siguiendo un argumento ya esgrimido por su predecesora en el cargo, Carme Forcadell –pendiente de la inminente sentencia del Tribunal Supremo–, Torrent subrayó que la Mesa del Parlament no puede actuar de “órgano censor”. “Si lo hiciéramos, estaríamos limitando el derecho de los diputados a la representación política y, en consecuencia, de los ciudadanos de Catalunya”, afirmó.

Para el presidente de la Cámara catalana, el Gobierno busca “prohibir” que el Parlament emita determinadas opiniones “bajo la excusa de que desbordan el marco competencial” y lamentó que en otras cámaras autonómicas se impulsen y aprueben resoluciones “a favor de la aplicación del 155”. “El presidente Sánchez tiene el mismo respeto por el parlamentarismo y la libertad de expresión que Mariano Rajoy”, zanjó Torrent.

Los siete miembros de la Mesa (dos de Cs, dos de JxCat, dos de ERC y uno del PSC) recibieron ayer jueves por la tarde las notificaciones del TC, un documento que tanto el vicepresidente del Parlament, Josep Costa, como el secretario primero, Eusebi Campdepadrós, ambos del partido de Carles Puigdemont, se negaron a firmar al considerar que se trata de un documento “ilegítimo y sin base legal”. Los letrados del Parlament prevén redactar alegaciones para presentar ante el Constitucional.

Los grupos independentistas expresaron su malestar con la decisión del Tribunal Constitucional, mientras que el Gobierno, por boca del ministro de Fomento en funciones y secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, señaló en Lleida que “no es normal” que Torrent diga que en el Parlament se puede discutir sobre “cualquier tema”