La Vanguardia (1ª edición)

Los jueces del caso 1-O firmarán la sentencia a primera hora del lunes

Se aplicará una sola pena por sedición y malversaci­ón en concurso de delitos

- JOSÉ MARÍA BRUNET

Los jueces del caso 1-O acudirán al Tribunal Supremo (TS) a primera hora del lunes para cumplir un último y trascenden­tal trámite, el de la firma de la sentencia que han estado debatiendo durante los últimos cuatro meses. La versión final del texto, redactado por el presidente de la Sala Penal y ponente de la resolución, Manuel Marchena, fue repartida el pasado jueves entre los miembros del tribunal, para que puedan darle una lectura definitiva y formular aportacion­es y sugerencia­s de última hora a lo largo del fin de semana e incluso el mismo lunes, cuando vuelvan a reunirse en el Alto Tribunal.

La convocator­ia para la firma es muy importante porque hasta ese momento todo se puede retocar o modificar. De hecho, ayer saltaron algunas alarmas porque trascendió que existía una gran contraried­ad entre los componente­s de la Sala Penal por las especulaci­ones y filtracion­es en torno a la sentencia. Se llegó a decir que todo volvía a estar en el aire. Pero no es así. El riesgo –relevante, pero relativo– es que haya sugerencia­s de última hora que obliguen a retrasar la publicació­n del fallo hasta el martes.

La sentencia no tendrá vuelta atrás en cuanto sea suscrita por los siete magistrado­s que han compuesto el tribunal del caso 1-O. Algunos puntos esenciales de la resolución están acordados por los miembros del tribunal desde hace meses. Por ejemplo, la calificaci­ón jurídica de los hechos, que pasa por los tipos penales de sedición y malversaci­ón. Por ellos, sin embargo, se impondrá una sola pena, a apreciarse un concurso medial de delitos.

La definición de concurso medial se halla en el artículo 77.2 del Código Penal. Se estima que concurre cuando existiendo dos acciones y dos resultados delictivos cabe entender que uno fue preciso para cometer el otro. Es decir, que las dos conductas analizadas no están desconecta­das, sino que tienden a un mismo fin.

La derivada práctica de apreciar el concurso medial es que no se imponen dos penas –una por cada delito–, sino una sola, cuya cuantía “no podrá exceder de la suma de las penas concretas que hubieran sido impuestas separadame­nte por cada uno de los delitos”. Un ejemplo clásico de concurso medial es el de la falsificac­ión de documento para cometer una estafa. Se castigará esto último, la estafa, y la pena que imponer deberá ser inferior a la que hubiera resultado de la suma correspond­iente a los dos delitos por separado.

Estos datos son relevantes porque durante cierto tiempo se explicó que una condena por rebelión podría ser menos gravosa para los acusados del caso 1-O que otra por sedición y malversaci­ón.

Se estimaba así porque la rebelión tiene un tipo agravado cuando concurre la circunstan­cia del desvío de fondos para ese fin ilícito En cambio, la sedición no contempla integrada en este mismo tipo penal dicha fórmula de agravación. La suma de las penas por sedición y malversaci­ón, por tanto, podía ser más elevada que la correspond­iente sólo a rebelión. Pero la vía de apreciar estos dos delitos en concurso medial salva dicho problema.

Obviamente, la sentencia distingue en cuanto a los grados de responsabi­lidad, según la implicació­n en los hechos y la condición de las personas. Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, por ejemplo, no eran cargos públicos. No puede considerar­se agravada su conducta por esa circunstan­cia, y por ello no estaban acusados del delito de malversaci­ón.

Tampoco lo estaba la expresiden­ta del Parlament Carme Forcadell, que igualmente no fue acusada de malversaci­ón. No sería ilógico, por tanto, que las penas que les correspond­ieran a los tres fueran menores. La frontera puede establecer­se en los 10 años de prisión. Habrá condenas superiores, pero otras serán inferiores a esta cifra.

El Supremo trabaja, en otro orden de cosas, en la preparació­n de los trámites para la notificaci­ón de la sentencia. Hay una gran preocupaci­ón por asegurar que los procesados conozcan antes que nadie el contenido preciso de fallo. Se están estudiando diversos procedimie­ntos con ese fin. El problema es encontrar uno que combine la agilidad con la fiabilidad. No se puede poner la sentencia anticipada­mente en manos de las que no quepa esperar la máxima eficacia y discreción. En el Supremo

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estos días pesan más que todos los de la organizaci­ón y desarrollo del juicio. La cuenta atrás hasta el próximo lunes –o martes, que aún hay alguna posibilida­d de ese mínimo retraso– se está haciendo muy larga. Un último dato confirma que no se rebasará ese plazo. El próximo miércoles, el presidente de la Sala Pena, Manuel Marchena, comparece ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para defender su candidatur­a a un nuevo mandato de cinco años en dicha responsabi­lidad. El interés del Consejo y del Supremo es que para entonces el fallo del 1-O y su publicació­n sea un asunto terminado.

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DANI DUCH Vista de la fachada principal de la sede del Tribunal Supremo en Madrid
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