Choque de legitimidades
Es la guerra?”, preguntaba Gila en uno de sus más celebradas interpretaciones. ¿Es la guerra?, preguntamos ahora sin ningún tipo de humor los ciudadanos de 2019 al leer cada mañana las noticias de la relación Catalunya-Estado español. Y no lo es, no es la guerra, pero la cadencia informativa hace que se cumpla la ley de Murphy: todo lo que puede empeorar, empeora. No sabemos en vísperas de qué estamos, pero difícilmente se pueden juntar más señales inquietantes: unos acuerdos del Parlament que el Gobierno central impugna y el Constitucional suspende; un aviso del mismo Tribunal sobre responsabilidades penales; una respuesta del presidente Torrent que rechaza convertir la Mesa en un órgano censor de diputados; una indignación de JxCat que se niega a firmar la notificación del TC; un general de la Guardia Civil que provoca un exagerado desplante de la dirección de los Mossos; un gobierno catalán que pide el cese de ese general, casualmente después de que el Parlament plantease la salida de la Benemérita de Catalunya, y ahora, la sentencia del Supremo y la anunciada respuesta independentista, con el envío de antidisturbios como el 1 de octubre del 2017.
Hay que anotar todos estos hechos para tener una medida aproximada de la tensión política existente y que la sentencia puede elevar hasta niveles imprevisibles. Por ahora es una tensión institucional, que no es poco. La próxima semana conoceremos su calado y su alcance popular, pero el prólogo está siendo insólito: es el propio Gobierno catalán quien instiga, aunque lo niegue, la protesta con la finalidad última de paralizar Catalunya. Fue el presidente de la Generalitat quien primero habló de desobediencia civil. Es un antiguo conseller, Toni Comín, quien incita a la rebeldía, aunque cueste puestos de trabajo. Increíble. Y es el Parlament quien recibe la sugerencia de Torra de decidir cómo se expresa la irritación independentista.
Al margen de lo que ocurra en las calles y con el paro de país, lo políticamente relevante es el fondo de las discrepancias, que sigue siendo un choque de legitimidades. Se demuestra en tres señales. Primera: la legitimidad catalana no acepta la del Estado, y la del Estado, con la ley en la mano, lleva a los tribunales a la catalana. Segunda: cada día es más evidente ese choque y cada día es más difícil de contener. El independentismo político actúa como si Catalunya fuese ya un estado soberano: se otorga al Parlament la capacidad de decidir sobre la monarquía, sobre la integridad del Estado o sobre cuestiones que se salen de su competencia territorial. Y tercera: se empieza a negar legitimidad a las instituciones: los no firmantes de la comunicación del Constitucional alegaron que es “ilegítima”. Envolviéndolo todo, la fuerza del Estado de derecho, con la obligación constitucional de defender el sistema.
Esa es la batalla de fondo. Eso es lo más grave de la situación. Eso es mucho más que un conflicto de orden público. No se resuelve con antidisturbios. Pero tampoco con jugadas astutas para ver si cuelan ante los tribunales, ni con ejercicios de desobediencia civil.