Alivio económico para las autonomías
La situación de inestabilidad política que vive el país tiene consecuencias nefastas para la financiación de las comunidades autónomas, de las que dependen servicios tan básicos para los ciudadanos como la sanidad, la educación o los servicios sociales. Ante la situación de asfixia financiera en que se encuentran, el Gobierno ha logrado articular una fórmula que les permitirá superar en parte su difícil situación actual. Así, en el Consejo de Ministros celebrado ayer, tras varias semanas de negociaciones y de consultas con la Abogacía del Estado, se aprobó un decreto ley por el que se pagará a las comunidades y ayuntamientos más de 5.500 millones de euros por entregas a cuenta de este año. De esta cantidad, Catalunya recibirá 875,33 millones de euros.
La cifra aprobada por el Consejo de Ministros, sin embargo, es inferior a los 6.300 millones que solicitaban autonomías y ayuntamientos, que en muchos casos ya tienen presupuestados en sus cuentas públicas. La ausencia de presupuestos generales del Estado, además, impide al Gobierno en funciones abonar los casi 2.500 millones que les corresponden por el cambio en el sistema de información del IVA del 2017.
En una situación de desbarajuste financiero como la que propicia la ausencia de presupuestos generales del Estado y de un gobierno estable, la gestión financiera de las comunidades autónomas se hace muy complicada. A ello se suma un sistema de financiación autonómica que ha quedado obsoleto y que está pendiente de reforma desde hace cinco años.
Ha sido esta la primera vez en que se actualizan las entregas a cuenta a las comunidades autónomas con un gobierno en funciones y con los presupuestos prorrogados. La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, afirma que la solución aprobada ayer servirá, de cara al futuro, para que comunidades y ayuntamientos no vuelvan a ser víctimas de un bloqueo presupuestario e institucional del Gobierno central. La fórmula encontrada es el artículo 21 de la ley del Gobierno, que señala que un Ejecutivo en funciones puede seguir realizando despachos ordinarios de asuntos públicos, entre los que encaja el reparto de las cantidades presupuestadas para que los servicios públicos fundamentales, en manos de las autonomías, sigan funcionando.
Los largos años de crisis que ha vivido este país impidieron afrontar el problema de la financiación autonómica por falta de dinero. Luego, con el inicio de la recuperación económica, el aumento de la recaudación fiscal supuso un importante alivio para las arcas autonómicas que aplacó sus urgencias financieras, pero estas han vuelto a estar sobre la mesa por el retraso en los pagos comprometidos ante la ausencia de presupuestos del Estado.
La solución acordada ayer por el Consejo de Ministros, sin embargo, no deja de ser un parche para resolver los acuciantes problemas de tesorería de las comunidades autónomas. El problema relevante es reformar a fondo el sistema de financiación autonómica, que debía haberse actualizado en el año 2014, para corregir las insuficiencias que tiene y las desigualdades que genera. De ello depende, como se ha dicho, el correcto funcionamiento de las autonomías y de los servicios básicos de la salud, la educación y la asistencia social que atienden.
Como hemos reclamado en otras ocasiones, encauzar el problema de la financiación autonómica es el gran reto político y económico que tiene pendiente el Estado español, y es tan necesario como difícil y complejo de articular a gusto de todos. Será imprescindible un gran esfuerzo de negociación, con voluntad de acuerdo entre los diversos partidos políticos y comunidades autónomas, para poder avanzar. El problema es que mientras España no disponga de un gobierno estable y con plenas competencias no es posible plantear de nuevo la reforma de la financiación autonómica.
La reforma de la financiación autonómica sigue siendo el gran
reto pendiente