El gasto público en vivienda ha caído un 80% en diez años
Foment pide ayudas para impulsar la rehabilitación
El gasto público en política de vivienda ha caído un 80% en España entre el 2007 y el 2017, periodo en el que ha pasado de 4.788 millones de euros a sólo 986 millones, señaló ayer el Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya. Este organismo, impulsado por la patronal Foment del Treball, incluye a la Asociación Catalana de Empresas de Ingeniería (Asinca), la Cámbra de Contractistes d’Obres (CCOC) y la Fundació Cercle d’Infraestructures, y reclamó ayer al Gobierno más ayudas públicas especialmente a la rehabilitación y cambios fiscales y legislativos para cubrir las necesidades de actualizar el parque de viviendas.
Según el Consell Assessor, el gasto en público en vivienda es de sólo el 0,1% del PIB, muy lejos de los estándares europeos, y su “drástica reducción ha limitado mucho la eficacia de las políticas públicas de rehabilitación”. Salvador Guillermo, director de Economia de Foment, recordó que el recorte de esta partida ha sido mucho mayor que el que ha sufrido la sanidad o la enseñanza y se ha traducido no sólo en una reducción del número de viviendas disponibles sino en un aumento de problemas de seguridad en viviendas antiguas; de estanqueidad, con humedades que a menudo causan problemas de salud, y de accesibilidad, porque cada vez hay más población mayor que necesitaría un ascensor.
Según los datos de las patronales, en España cada año se hacen obras en el 1% de las viviendas, el mismo porcentaje que en Catalunya (donde en el 2018 se rehabilitaron 5.630 viviendas), mientras que en Alemania y Francia son más del 1,5%.
La rehabilitación se ve frenada por los escasos medios de los propietarios de muchas viviendas, que a juicio de Guillermo habrían de recibir subvenciones públicas. En comunidades con propietarios más solventes, en cambio, el problema es la falta de acceso al crédito, y el Consell reclamó que parte de las ayudas públicas a la rehabilitación puedan destinarse a pagar la cuota de los propietarios morosos, para dar garantías a los bancos. “Las comunidades podrían pagar las obras en 10 o 15 años, en el recibo mensual, mientras que ahora han de recoger grandes cantidades de fondos previamente y a veces es muy difícil”. El Consell reclamó otras medidas para fomentar la rehabilitación como reducir el IVA al 10%, el mismo que se aplica a la construcción de pisos, frente al 21% actual, y que las diversas administraciones creen una “ventanilla única” para agilizar la concesión de permisos. Igualmente el Consell reclama que se flexibilicen las normas técnicas de rehabilitación, que ahora son las mismas de la obra nueva, exigiendo sólo las mismas prestaciones.
El responsable de Foment recordó que un aumento de la rehabilitación impulsaría la creación de empleo porque es un sector intensivo en mano de obra, en el que el 47% de la actividad la realizan empresas pequeñas, de entre 1 y 9 trabajadores. “Crearía empleo local. Impulsar la rehabilitación reactivaría la economía”, señaló Guillermo.
La patronal pide más crédito público, una ventanilla única y más flexibilidad normativa para impulsar las obras