Golpe europeo de Junqueras
El tribunal de la UE reconoce la inmunidad del líder de ERC y cree que debió salir de prisión La decisión pone en jaque la investidura: los republicanos quieren que el Gobierno pida la libertad Puigdemont será eurodiputado y alimenta sus opciones como c
Oriol Junqueras, preso del módulo 2 de Lledoners, es eurodiputado. Lo es desde el 13 de junio, cuando la Junta Electoral Central oficializó la distribución de escaños correspondientes a España en el Parlamento Europeo y, por tanto, gozaba de inmunidad cuando el Tribunal Supremo le condenó en octubre a 13 años de cárcel por un delito de sedición. De hecho, según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea debió ser liberado en junio para poder acceder a su acta de eurodiputado. Pero no. El Supremo consideró que los delitos por los que se le acusaba eran “de naturaleza especialmente grave” y primó mantener la prisión provisional del líder de ERC sobre su derecho de participación política por el posible riesgo de fuga.
Junqueras lleva 777 días en prisión y, si se confirma su clasificación en segundo grado penitenciario, no podrá acceder a permisos hasta enero del 2021.
Las consecuencias de la resolución del Tribunal de Luxemburgo son aún imprevisibles en el terreno judicial y, más aún, en el político, pero la decisión es un golpe al tribunal que preside Manuel Marchena. El Supremo es quien debe ejecutar ahora la sentencia que despierta tantas esperanzas en ERC como interrogantes en el Gobierno central y entre los propios magistrados. La unanimidad en el Tribunal Constitucional ya se ha roto en torno a la defensa de los derechos políticos de Junqueras y ahora le toca al Supremo superar la prueba de estrés. Teniendo en cuenta que fue el TS quien acudió a Luxemburgo para aclarar dudas sobre la inmunidad de Junqueras y que, una vez dictada la sentencia, insistió en la relevancia de la cuestión, ahora el reto es no perder el prestigio por el camino con una batería de recursos pendientes apuntando a los tribunales europeos.
A la misma prueba se somete el PSOE. En plena negociación con los republicanos para desbloquear la investidura de Pedro Sánchez, los socialistas ven ahora cómo sube el precio de la abstención. ERC reclama una mesa de diálogo entre gobiernos para afrontar el “conflicto político” catalán pero también lo que denominan el “fin de la represión”. Y quieren que el Gobierno dé ahora el gran salto. No se trata sólo de rebajar las acusaciones de la Fiscalía a los CDR o de olvidar recursos ante el Tribunal Constitucional, si no de pedir ante el Supremo que se libere a Oriol Junqueras en base a la sentencia europea. Para capear el temporal, la Moncloa se aferra a la vía política. En un comunicado defendió una nueva etapa de “diálogo, negociación y acuerdo desde el respeto a las legítimas diferencias, en el marco de nuestro Estado social y democrático de derecho”.
Pero de momento, ERC ha decidido que congela las negociaciones sobre la investidura hasta conocer la posición del Gobierno ante el Supremo. El Supremo ha dado cinco días a las partes del proceso del 1-O para que se pronuncien y la Abogacía del Estado estudia “con el debido detenimiento” la sentencia. Los precedentes dan para todo. La Abogacía del Estado defendió que Junqueras pudiera acceder a su acta como eurodiputado, pero ya en el procedimiento europeo sostuvo que la consulta sobre la inmunidad era meramente “hipotética” y que, con una condena firme “no tendría ninguna incidencia”. “¿Desobedecerán al tribunal europeo”, preguntó el coordinador nacional de ERC, Pere Aragonès, que lidera los contactos con los socialistas.
El calendario se dilata y la investidura soñada antes de acabar el año parece esfumarse. El Gobierno se aferra a que los republicanos paralizan pero no dan por rotas las negociaciones.
También son imprevisibles las consecuencias sobre el mapa político catalán. Dos horas después de la sentencia de Luxemburgo se conoció la condena de un año y medio de inhabilitación del president Quim Torra por desobediencia al no retirar una pancarta del balcón de Palau durante la campaña electoral de abril. Torra recurrirá hasta instancias europeas pero la carta de la convocatoria electoral se jugará en función de los intereses de Carles Puigdemont. El expresident puede ser el principal beneficiario del golpe judicial de Junqueras junto a Toni Comín. Están más cerca del acta de eurodiputado y, por tanto, de gozar de inmunidad y de libertad de movimientos por territorio europeo. Al menos temporal. En el TJUE hay dos recursos presentados, uno de los cuales estaba previsto resolver estas Navidades y la defensa de Puigdemont pedirá que se agilice el trámite al considerar que se está ante una vulneración de derechos. En paralelo, la euroorden del magistrado Pablo Llarena quedará sin efecto y el proceso judicial contra el expresident deberá ser autorizado por el Parlamento Europeo. Puigdemont ya ha recurrido a la Corte Belga.
En junio, la Eurocámara de Antonio Tajani les prohibió el acceso pero ahora David Sassoli ha levantado la prohibición y pedido un informe jurídico sobre cómo aplicar el fallo de Luxemburgo. El Parlamento Europeo cierra hoy por vacaciones y no retoma la actividad hasta el 6 de enero. Si se les concede el acta parlamentaria,