El TS no prevé liberar al líder de ERC pero evalúa retirar las euroórdenes
El Tribunal Supremo estudia ya qué hacer en relación con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Alto Tribunal tiene que adoptar dos decisiones: por un lado, si debe dejar en libertad al líder de ERC, Oriol Junqueras, para que recoja su acta de eurodiputado, y en segundo lugar, si se deben retirar las órdenes de detención contra Puigdemont para que pueda ejercer su labor en el Parlamento Europeo.
Fuentes del Alto Tribunal reconocen que se trata de decisiones complejas. Ahora bien, estas mismas fuentes señalan que a primera vista reúne más complejidad la segunda cuestión, esto es, el caso de Puigdemont.
La razón es que en lo que se refiere a Junqueras, sobre él ya pesa una condena de 13 años, además de una inhabilitación –en suspenso– por el mismo periodo de tiempo.
El tribunal europeo ha sentenciado que la Sala debería haberlo dejado en libertad para acudir a la constitución del Parlamento Europeo y levantar la medida de prisión preventiva para poder hacerlo efectivo. Sin embargo, fuentes jurídicas recuerdan que la resolución del Tribunal de Luxemburgo responde únicamente a lo que le ha preguntado el Tribunal Supremo, quien planteó una cuestión prejudicial para aclarar si Junqueras gozaba de inmunidad desde que fue elegido o, por el contrario, necesitaba su acta para comenzar a gozar de inmunidad y por lo tanto debía seguir en prisión preventiva.
El TJUE ha dicho que la respuesta correcta es la primera y, por tanto, Junqueras tuvo que disponer de libertad de movimiento para su desplazamiento al Parlamento Europeo. Pero ahora la situación ha cambiado porque sobre él ya no pesa una prisión preventiva sino una condena en firme. Por eso, ayer mismo la Fiscalía reaccionó de inmediato para advertir al TS que Junqueras debe seguir en prisión y ejecutar ya su pena de inhabilitación, lo que significa la pérdida de su condición de eurodiputado.
Sin embargo, el caso de Puigdemont es distinto. El juez que instruyó la causa del procés, Pablo Llarena, ya ha preguntado a las partes, es decir Fiscalía, Abogacía del Estado, defensas y la acusación popular, para que informen si esta sentencia alcanza a la situación del expresident y del exconseller Toni Comín.
Fuentes del Alto Tribunal indican que con estos procesados, declarados en rebeldía, sí se podría ver afectada la aplicación de la sentencia. No se descarta que Llarena tenga que retirar las euroórdenes para permitir que ambos acudan a la Junta Electoral Central a jurar o prometer la Constitución para recoger su acta.
Sin embargo, podría darse la circunstancia que fueran arrestados al llegar a España y una vez encarcelados estudiar cómo aplicar la libertad de desplazamiento recogida en la sentencia europea. Lo que sí tienen claro en el Tribunal Supremo es que no hace falta el suplicatorio al Parlamento Europeo para autorizar a proceder contra ellos porque el derecho español no lo exige una vez ya se ha dictado auto de procesamiento como es el caso.