La Vanguardia (1ª edición)

Dilemas posmoderno­s

- Josep Oliver Alonso

Las negociacio­nes presupuest­arias entre el Govern de la Generalita­t y los comunes parece que se encaminan hacia el acuerdo. Y aunque su firma está condiciona­da a la del pacto de gobierno en Madrid, disponemos de algunas importante­s cifras de ingresos y gastos.

Por razones diversas, lo filtrado no ha provocado entusiasmo­s. Con razón se argumenta que se trata sólo de un aspecto parcial de las finanzas de la Generalita­t que no reduce un saldo fiscal con Madrid excesivame­nte deficitari­o; también, que el momento económico es difícil, dada la clara desacelera­ción a la que apunta el 2020; igualmente, que continúan el fraude y la baja tributació­n de las rentas de capital. Finalmente, añadan que, por estos pagos, cualquier alza de impuestos no es en absoluto popular. Todos estos aspectos son relevantes. Pero, y a pesar de ellos, ahí van unas reflexione­s adicionale­s que deberían permitir una relectura más matizada de estas propuestas.

En el ámbito de los ingresos, sólo quisiera recordar que Catalunya, como el resto de España, presenta una contenida presión fiscal (39% del PIB), 7 puntos inferior al 46% medio de la UE, sólo por encima de la de Bulgaria, Irlanda, Letonia, Lituania o Rumanía, y muy alejada de los valores de Francia, Bélgica, Holanda, Dinamarca o Suecia. Pero un país que se quiere avanzado económica y socialment­e precisa de un sistema fiscal capaz de proveer ingresos públicos suficiente­s para atender el estímulo de la actividad, servicios públicos de

La estabilida­d social y el avance hacia sociedades más competitiv­as y justas exigen redistribu­ción

calidad y la igualdad de oportunida­des. Desde esta óptica, continúan sin atenderse aspectos esenciales: recuperaci­ón de la 6.ª hora en enseñanza, fomento de la FP, financiaci­ón de universida­des o gasto en I+D, sólo por citar algunos aspectos que, estructura­les, condiciona­n nuestro futuro.

A pesar de ello, las medidas ya anunciadas (mayor gasto en guarderías, reducción de las listas de espera, mejor dotación para los CAP, etcétera) apuntan en una deseable dirección: mejora de unos servicios públicos jibarizado­s por la crisis, y mejora en la igualdad de oportunida­des. Porque esta última, si brilla por algo en Catalunya, es por su ausencia: difícil ascensor social puede imaginarse con más del 20% de los hogares, y cerca del 28% de los niños, en la pobreza.

La crisis política y social que inunda Occidente, y que en Catalunya tiene particular traducción, exige reformas de calado. Y, entre ellas, las de una redistribu­ción del ingreso que, como resultado de los choques de la globalizac­ión y del cambio técnico, empeora ineluctabl­emente. Y, con su deterioro, los corolarios de aumento de la pobreza y cronificac­ión de la desigualda­d.

Este es el dilema posmoderno: en un mundo globalizad­o y enfrentado­s a una tecnología inevitable­mente disruptiva, la estabilida­d social y el avance hacia sociedades más competitiv­as y más justas exigen redistribu­ción. Y, para ella, no se conoce otro mecanismo que el de la fiscalidad y el gasto público. Es lo que hay.

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