El documento de la polémica
La Guardia Civil sugiere en su informe a la juez la responsabilidad del Gobierno de Sánchez en los contagios por el 8-M
El informe presentado por la Guardia Civil ante la juez que investiga al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por el 8-M ha levantado una gran polvareda y ha supuesto el cese del jefe de la comandancia de Madrid, Diego Pérez de los Cobos, y la dimisión del director adjunto operativo o número dos del cuerpo, Laurentino Ceña. El documento señala directamente al Ejecutivo por no impedir una serie de manifestaciones en marzo a sabiendas del riesgo de contagio, un informe que se entregó a la juez sin pasar por las manos de Fernando GrandeMarlaska. El ministro del Interior pretende desvincular estas dimisiones a la investigación abierta por el juzgado de instrucción número 51 de Madrid, aunque desde las asociaciones judiciales han advertido que la policía judicial responde únicamente ante el juez y no pueden ser removidos por sus superiores en el tiempo que dura la investigación.
La Guardia Civil entregó a la juez Carmen Rodríguez-Medel, en el marco de las diligencias abiertas por esta contra Franco, un informe en el que sostiene que el “Gobierno era consciente de la situación real de la pandemia” y, a pesar de ello, permitió una serie de manifestaciones entre los días 5 y 14 de marzo, cuando se declara el estado de alarma. El documento ha sido criticado por sectores próximos al Gobierno al considerar que el objetivo es dañar la imagen del Ejecutivo de Pedro Sánchez y utilizarlo para que se actúe penalmente contra sus miembros en el Tribunal Supremo.
La instructora ordenó al instituto armado que analizara si las manifestaciones permitidas en Madrid hasta el 14 de marzo supusieron un riesgo para la ciudadanía ante la crisis sanitaria existente, y si el delegado del Gobierno era conocedor de las advertencias sanitarias, lo que podría suponer un delito de prevaricación administrativa por omisión. Los agentes que han elaborado el informe mencionan hasta 21 resoluciones en poder del departamento de Franco que alertaban del riesgo de contagio y recomendaban una distancia mínima entre personas, en contra de lo afirmado por la Delegación, que sostiene ante el juzgado que no recibió ningún documento con tales advertencias.
El 5 de junio, cuando el delegado acuda a declarar como investigado tendrá la oportunidad de desmontar ante la juez las afirmaciones de la Guardia Civil y dejar en evidencia que no coinciden con la realidad, tales como que “tenía datos objetivos suficientes derivados de las circunstancias concretas de cada caso para haber ponderado bienes y derechos protegidos en nuestra Constitución contando con tales datos desde la primera semana del mes de marzo del 2020”.
El informe trata de acreditar que el Gobierno, y por ende su Delegación en Madrid, eran conscientes del riesgo de contagio, entre otras cosas porque tanto el ministro de Sanidad, Salvador Illa, como el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, prohibieron a la Federación de Asambleas de Dios en España celebrar un convención para mediados de marzo. Así lo han declarado tres testigos, que han sostenido que en dos reuniones entre el 5 y el 6 de marzo convocadas ante los contagios producidos en la iglesia evangélica se les informó que ese congreso no se podía celebrar “bajo ningún concepto” por ser considerado de alto riesgo por la propagación de contagios. Para la Guardia Civil, esta afirmación es suficiente para determinar que la Delegación el Gobierno, como parte del Ejecutivo, era conocedora de tales riesgos y, aun así, dos días después, permitió la marcha del 8-M. El informe emite valoraciones como que los responsables sanitarios tenían un “profundo conocimiento” de los riesgos de la enfermedad y, por tanto, “a partir del 5 de marzo, no se debería haber realizado ninguna manifestación en Madrid con motivo de la Covid-19, y no celebrar unas y cancelar otras, como al final terminó ocurriendo”.
El instituto armado concluye que “a partir del 5 de marzo no se debería haber realizado ningún acto”