La politización de la justicia
Nos quejábamos de la judialización de la política, pero quizás deberíamos empezar a preocuparnos por la politización de la justicia. Tan preocupante es que el poder político presione a los jueces para que resuelva cuestiones que es incapaz por sí solo de solucionar, como que los jueces se conviertan en cruzados para poner a los gobernantes contra las cuerdas a fin de imponer otra idea de España. En pocos días, hemos visto a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recurriendo al Tribunal Supremo por el hecho de que el Gobierno de Pedro Sánchez retrasara una semana el pase a la fase 1 de la desescalada. ¿De verdad que la justicia está para discutir criterios a los expertos del ministerio de Sanidad? Con eso solo demuestra su impotencia política y su incapacidad de imponer argumentos. ¿Tiene sentido que una juez de Madrid, que fue un alto cargo del ministerio de Justicia con el PP, impute por prevaricación al delegado del Gobierno socialista tras haber autorizado la manifestación del 8-M, cuando la OMS no declaró la pandemia hasta el 12-M?
Este país lo ha reformado casi todo en más de cuarenta años de democracia, pero no se ha atrevido con el sistema judicial, seguramente porque necesitó de su complicidad para recoser la transición. Entonces hubo que hilar fino para que los tribunales acompañaran el paso de un régimen dictatorial a otro democrático. E incluso hubo que encajar el hecho de que el jefe del Estado hubiera jurado los principios del Movimiento con su renuncia implícita en el momento que se puso a la cabeza de la España constitucional. Pero de un tiempo a esta parte se pone en evidencia que hace falta ajustar la justicia a las necesidades de un estado moderno. No será fácil hacerlo en un país tan polarizado y con un Parlamento tan atomizado, pero tarde o temprano se deberán abordar cuestiones como el modo de elección de las cúpulas de la magistratura, el poco sentido que hoy tienen jurisdicciones como la Audiencia Nacional o el poder sancionador del CGPJ a los jueces ante determinados comportamientos. Y, al mismo tiempo, dotar a los tribunales de medios, abordando seriamente la digitalización y agilizando procedimientos.
La derecha no se ha cansado de repetir desde el primer día que el Gobierno de izquierdas es ilegítimo. Es decir, ha cuestionado la legalidad porque nunca asumieron la pérdida del poder. Nada nuevo, porque en su última legislatura Felipe González escuchó algo parecido y hace apenas una década José Luis Rodríguez Zapatero también tuvo que oír la misma acusación.
La pugna por el caso de la juez Carmen Rodríguez-Medel y el cese del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos va a embarrar un poco más la política y a enlodar en firme la justicia. La Abogacía del Estado ha acusado a la magistrada de abrir una causa general contra el Gobierno. Como solo leen a Albert Camus cuatro nostálgicos, pocos sabrán que fue él quien advirtió que “si el hombre fracasa en conciliar la justicia y la libertad, fracasa en todo.” Así de claro.