Renta mínima y empleo garantizado (1)
Noticias recientes: se ha triplicado el número de solicitudes para recibir alimentos; solo un 20 por ciento de quienes creen tener derecho a ayudas las han recibido; un recuento de la Fundación Arrels arroja el resultado de más de 1.200 personas durmiendo en la calle, pese a que en los últimos meses la oferta de plazas de acogida se ha ampliado en un 50 por ciento. Es sabido que la pérdida del empleo es a menudo el primer eslabón de la cadena que lleva a dormir al raso. Mientras la emergencia médica parece calmarse, es indudable que crece el sufrimiento social.
Desde hace casi cuarenta y cinco años, nuestra tasa de paro, con un valor promedio del 15,92 por ciento en el periodo 19762015, duplica la media europea. No podemos hablar de normalidad, nueva o antigua, mientras esa anomalía no esté en vías de solución. El coronavirus ha empeorado las cosas, y las perspectivas inmediatas son malas, porque no se prevé que este año la tasa de paro baje del 20 por ciento. Pero a medio plazo el panorama es aún más alarmante: un consumo privado débil y un turismo convaleciente auguran un crecimiento lento, de tal modo que solo una política decidida de gasto público puede frenar un descenso continuado de la actividad. Ante ese panorama hay que temer que las empresas esperen consolidar su posición ganando en eficiencia más que ampliando sus operaciones, y que para ello presten especial atención al ahorro de personal, aprovechando las oportunidades que brindan los avances de la digitalización. Corremos así el riesgo de que el crecimiento del PIB no se vea acompañado de una creación adecuada de empleo.
En resumen: es quimérico esperar que los esfuerzos del sector público destinados a favorecer la supervivencia de empresas y autónomos basten para evitar un aumento sostenido de nuestra tasa de paro. Durante los próximos meses veremos crecer el número de personas aptas para trabajar que habrán perdido su empleo. Algunas, seguramente las más jóvenes, podrán participar en programas de formación; el resto pueden sentirse abandonadas por una economía que quizá recupere su ritmo de crecimiento, pero sin contar con ellas. Lo único que parece ofrecerles nuestra sociedad es un ingreso mínimo garantizado: una ayuda indispensable, desde luego, en una emergencia como esta, pero no una cura, sino un paliativo, porque un empleo ofrece, además de un sueldo, un título de pertenencia a una comunidad. Más allá de la emergencia inmediata, la demanda de empleo solo se satisface ofreciendo empleos. No hacerlo puede suponer el sacrificio de toda una generación que verá fallidas sus expectativas vitales después de una década de incertidumbre: una gran injusticia, y una receta infalible para un conflicto social. El Estado –y solo él– tiene la capacidad de evitar la catástrofe impulsando directamente la oferta de empleo. Para no especular en abstracto, podemos acudir a un precedente, la agencia creada por Roosevelt como pieza central de su new deal.
En 1935, cuando la cifra de parados en Estados Unidos alcanzaba los 16 millones, el presidente Roosevelt creó la Work Progress Administration (WPA), una agencia estatal cuya misión era ofrecer empleos, al salario mínimo local y en condiciones de trabajo decentes, a todos aquellos desempleados que lo necesitaran. Los objetivos del programa eran poner coto al desempleo de larga duración y proveer un ingreso a los más necesitados, a la vez que se mantenía la dignidad del trabajador y se evitaba la erosión de sus habilidades. El programa se financiaba con fondos federales (las apropiaciones presupuestarias ascendieron a un 6,7 por ciento del PIB), y recursos tanto estatales como locales, así como con donaciones, a menudo en especie, de empresas y particulares. A lo largo de sus siete años de existencia, la WPA empleó a ocho millones y medio de trabajadores. El grueso del programa consistió en trabajos de infraestructuras públicas: más de un millón de kilómetros de carreteras, puentes, escuelas y hospitales, parques y el gigantesco proyecto de la Tennessee Valley Authority; pero una de sus divisiones, el Federal Project One, financió proyectos culturales de todo orden. La WPA fue cerrada en 1942, cuando el esfuerzo bélico había absorbido todos los excedentes de mano de obra.
La WPA inició sus operaciones a los cuatro meses de su creación y tuvo la gran virtud de poner el país en marcha, que es lo que más necesitaremos cuando, pasada la emergencia médica, haya que evaluar los destrozos e imprimir a la economía un nuevo impulso. En una situación excepcional incumbe al Estado la responsabilidad de hacerlo, porque solo él puede movilizar a los trabajadores e infundir en las empresas la confianza que necesitan para desarrollar sus planes.
Una idea atractiva, aunque de difícil puesta en práctica. Por ejemplo, ¿cómo se articula la oferta de empleo garantizado con una renta mínima y un subsidio de paro? Ese y otros aspectos quedan para un próximo artículo.
Solo el Estado puede
evitar la catástrofe impulsando directamente
la oferta de empleo