Un ingreso mínimo con problemas
Desde hoy está en vigor el real decreto ley con el ingreso mínimo vital, que remedia una carencia largamente denunciada. El momento es inadecuado para las cuentas públicas, pero debe ser remedio para una sociedad enferma de desigualdad.
El Gobierno calcula un coste de más de 3.000 millones de euros que probablemente se multiplique por dos los años siguientes para las 830.000 familias previstas. Los importes de las rentas mínimas autonómicas se destinarán sin duda a completar las subvenciones dinerarias con otros servicios (vivienda, inserción laboral, escuelas infantiles). Es una aportación importante, y el fantasma de la picaresca asoma. La ayuda es compatible con ingresos del trabajo para intentar evitar el empleo sumergido, pero se duda de que los controles sean suficientes.
Nuestro modelo del ingreso mínimo vital se aleja del europeo. Como bien explicaba el estudio de la Airef del 2018, los programas europeos descansan en redes de protección integradas, gestionadas por servicios sociales fuertes con una amplia gama de servicios, dentro de la cual las ayudas económicas son una parte.
En España se ha configurado una prestación no contributiva del sistema de Seguridad Social, al amparo del artículo 41 de la Constitución. Las rentas mínimas de las comunidades son compatibles, y se reconocen “en el ejercicio de sus competencias”. La Constitución reconoce en el artículo 147 la asistencia social como una competencia exclusiva de las comunidades, de todas. De hecho, Euskadi y Navarra gozan de la misma competencia que Catalunya o Castilla y León, mi tierra. Y el Tribunal Constitucional declaró, precisamente en una sentencia dictada a instancia de la Generalitat, la 36/2012 de 15 de marzo, que “atendiendo a las pautas de algunos instrumentos internacionales, como la Carta Social Europea, la asistencia social, en sentido abstracto, abarca a una técnica de protección situada extramuros del Sistema de la Seguridad Social… Se trata de un mecanismo protector en situaciones de necesidad específicas, sentidas por grupos de población a los que no alcanza el sistema de Seguridad Social, y que opera mediante técnicas distintas de las propias de esta. Entre sus caracteres típicos se encuentran, de una parte, su sostenimiento al margen de toda obligación contributiva o previa colaboración económica de sus destinatarios o beneficiarios, y, de otra, su dispensación por entes públicos…” Aquí tenemos dos ayudas que son la misma cosa, una como aplicación del art. 41, y otra como aplicación de la asistencia social de las comunidades. ¿Competencia bipolar?
El ingreso mínimo español respeta la exigencia de las normas europeas de disponibilidad para la búsqueda de empleo, convertida aquí en el requisito de mantenerse como demandante (salvo los periodos en que se trabaje). Pero no añade referencias a las sanciones por rechazar ofertas de empleo, ni mención alguna a los servicios de empleo, ni al SEPE ni a los autonómicos, casi ausentes de la norma. Y con esto no abogo por replicar la desafortunada regulación del Gobierno del PP, sino por hacer algo distinto. Si ya es difícil evitar que los desempleados no trabajen en la economía sumergida, el colectivo de beneficiarios del ingreso mínimo, que trabaja en empleos de duración exigua, domésticos o agrarios, no va a ser controlado con cruces de datos entre la Agencia Tributaria y el INSS.
Lo necesario sería que unos servicios sociales más fuertes (solo se prevé que los ayuntamientos asuman el control a su costa) controlaran un programa más complejo, de vivienda, escuelas infantiles, inserción laboral y ayudas económicas, convenido entre comunidades, ayuntamientos y Gobierno. Y así, daría igual que la ayuda llegara de la Seguridad Social o de la comunidad autónoma, dónde pueden acabar estos fondos después de una sentencia del Tribunal Constitucional.