Ciudades por el derecho a la vivienda
Junto con ciudades de todo el mundo, Barcelona, Londres y París estamos lidiando con una devastadora emergencia social y sanitaria, que afecta a todos los aspectos de nuestra economía y sociedad. Esta situación es especialmente peligrosa puesto que se superpone a unacrisisdeviviendapreexistente. En 2018 nuestras ciudades se reunieron en las Naciones Unidas para denunciar la crisis de la vivienda que afecta a las ciudades de todo el mundo. En la declaración Ciudades por la Vivienda Adecuada afirmamos que “(...) la falta de financiación nacional y estatal, la desregulación del mercado, el poder creciente de las compañías multinacionales, así como la creciente competencia sobre una oferta inmobiliariaescasa,suponenamenudo una pesada carga para nuestros barrios, causando serias distorsiones en su tejido social y poniendo en riesgo el objetivo de lograr unas ciudades igualitarias, inclusivas y justas.” Estos fenómenos podrían empeorar después de la pandemia. Durante los últimos meses los gobiernos nacionales han prohibido los desalojos. Por nuestraparte,losgobiernoslocales hemos hecho un esfuerzo enorme para proporcionar alojamiento de emergencia a personas sin hogar ( más de 700 camas en Barcelona, 14 gimnasios y 1.500 plazas de hotel en París, y 1.300 en Londres). Además, se están impulsando subsidiosparaayudaraloshogares a soportar los primeros efectos económicos de la crisis. Sin embargo, aunque estas medidas han ayudado en el corto plazo, es necesario hacer mucho más para proteger a los hogares del impacto a largo plazo.
Es necesario reforzar las medidasdeprotecciónydeapoyofinancieroalaspersonasquevivendealquiler para evitar desahucios. La próxima crisis no debería ser un pretexto para inclinar la balanza a favor de la inversión especulativa, sino una oportunidad para construir una red de seguridad para los inquilinos. Exigimos competencias para regular el mercado inmobiliario, luchar contra la especulación y proporcionar una mayor estabilidad al régimen de alquiler.
La actual paralización de los desalojos ha demostrado lo que los gobiernos pueden llegar a hacer cuando ponen la vida de las personas en el centro. Pedimos a todos los niveles de gobierno que colaboren en un plan para evitar una oleada masiva de desalojos después de las moratorias. Es urgente encontrar soluciones justas para los inquilinos y propietarios de viviendas que hayan acumulado atrasos en el pago de alquileres e hipotecas como resultado directo de la Covid-19.
También exigimos a los gobiernos nacionales que proporcionen más recursos para fortalecer el parque de vivienda pública y asequible, promoviendo así la reactivación económica. Esta crisis está teniendo un gran impacto en el sector de la vivienda. Las ciudades debemos desempeñar un papel importante en la provisión estable de viviendas asequibles, tanto a través de obra nueva como de la rehabilitación, así como en la promoción del desarrollo económico local.Las medidas de emergencia, como la movilización temporal de habitaciones de hotel y viviendas paralaspersonassinhogar,handemostrado que es posible poner fin al sinhogarismo. Necesitamos servicios públicos y sistemas de bienestar debidamente financiados que eviten la falta de vivienda y garanticen que nadie tenga que dormir a la intemperie. También existe la oportunidad de convertir los alojamientos turísticos infrautilizadosenviviendasasequiblesalargo plazo para nuestra población. Pedimos que se establezcan la normativa y la financiación adecuadas para facilitar dicha conversión.
Ciudades de todo el mundo trabajamos juntas para compartir conocimientos y encontrar soluciones a la emergencia habitacional. Estostemasfueronobjetodedebate en el seminario online que tuvo lugar el 22 de mayo, organizado por la red de municipios CGLU. Necesitamos la implicación de todos los niveles de gobierno, desde la Unión Europea hasta nuestros Estados, para abordar las necesidades y retos específicos que enfrentamos. La crisis actual es a la vez un enorme desafío y una oportunidad para trabajar conjuntamente, sin partidismos, en asociación con la sociedad civil y el sector privado,paragarantizarelderecho a una vivienda adecuada para todas y todos. Los gobiernos locales de todo el mundo seguiremos dedicando todos nuestros esfuerzos para lograrlo.