Multas y coherencia
El 4 de abril, cuando se cumplían las tres primeras semanas del estado de alarma, el presidente Quim Torra envió una carta a los alcaldes catalanes agradeciendo el esfuerzo que realizaban para luchar contra la pandemia. Torra se comprometía en aquella carta “a ser capaces de asegurar que los Ayuntamientos dispongan de suficiencia económica para afrontar la demanda –de ayudas sociales y económicas– en un contexto en el que también han bajado sus ingresos por la vía fiscal”. El presidente también reclamaba al Gobierno que permitiera a los consistorios gastar los miles de millones que tienen ahorrados en el banco y que una ley injusta les impide tocarlos.
Solo dos meses más tarde de esa alentadora carta, Torra firmaba un decreto ley por el que la Generalitat se quedaba con el dinero de las miles de multas que las policías locales habían impuesto por incumplir el confinamiento. Es decir, las magras arcas municipales han asumido el coste de los policías, pero la Generalitat se queda con la recaudación de las denuncias en un ejercicio insolidario y alejado de la carta que el presidente envió a los alcaldes 60 días antes. ¿No hubiera sido mucho más coherente con la mencionada misiva dejar a los ayuntamientos que cobraran las multas y dedicaran ese dinero a la lucha contra la coronacrisis? Desgraciadamente, la coherencia es un concepto muy escaso en la política.
Los alcaldes han acogido con un evidente
La Moncloa debate si dar permiso solo a Madrid y Barcelona para aumentar el gasto ante la coronacrisis
malestar la decisión de la Generalitat que no afecta a Barcelona, porque la capital catalana dispone de un régimen especial gracias a la Carta Municipal que le permite recaudar esas multas.
Mientras esto sucede, en la Moncloa se debate cómo abrir a los ayuntamientos la mencionada caja de sus ahorros para que afronten la crisis. El Gobierno quiere ser prudente y limitará ese gasto para evitar una regañina de la UE. Pero también debe dar una respuesta a la unánime reivindicación del mundo local. De momento, se ha permitido que utilicen hasta un 20% del dinero que tienen en el banco mientras el Ministerio de Hacienda busca fórmulas para subir ese porcentaje. Parece descartado que los ayuntamientos puedan usar todo su capital y las opciones que estudia la ministra Montero tienen aristas peligrosas. Una opción pasa porque solo se permita aumentar el gasto a Madrid y Barcelona debido a que disponen de Carta Municipal y ese régimen especial facilitaría una salida. Pero si el Gobierno tomara ese camino, el resto de ayuntamientos le saltarían a la yugular.
Otra fórmula que se analiza es ampliar el permiso de gasto solo a las grandes ciudades. O bien, permitir mayor inversión únicamente a los consistorios que han logrado rebajar su deuda ostensiblemente, por debajo del 30% o 20%, por ejemplo. De esta forma, se premiaría a los Ayuntamientos que han hecho bien los deberes. No obstante, esa lista fría podría perjudicar a municipios altamente endeudados y a la vez muy afectados por la pandemia. Políticos y expertos siguen debatiendo, pero no deberían demorarse porque la crisis apremia.