Chile castiga a sus políticos
Los chilenos decidieron el pasado fin de semana castigar a la clase política tradicional y apostar en gran medida por candidatos independientes para la composición de la Convención encargada de elaborar la nueva Constitución del país. Así pues, serán ciudadanos ajenos a los partidos políticos quienes tendrán un papel decisivo en la redacción del nuevo texto constitucional que debe sustituir al actual, el cual, aunque modificado varias veces, proviene de la dictadura de Pinochet. Esos ciudadanos forman un grupo heterogéneo donde hay desde defensores del feminismo y del ecologismo hasta luchadores por la justicia social, la educación y la salud, y su éxito es el reflejo en las urnas del estallido social iniciado en otoño del 2019. Los independientes han logrado 48 escaños de los 155 que tendrá la Convención –con paridad entre hombres y mujeres– por 52 que suman las dos grandes listas de la oposición de izquierdas y 38 de la única lista de la derecha. A ellos habrá que sumar 17 miembros de los pueblos indígenas que ya tenían reservado ese cupo.
La derecha es la que ha salido peor parada –ha perdido también las municipales y regionales– y así lo ha reconocido el presidente Sebastián Piñera al afirmar en abierta autocrítica: “Estamos siendo interpelados por nuevas expresiones y liderazgos. Debemos escuchar con humildad y atención el mensaje de la gente”. Los resultados obligarán a los candidatos de los partidos clásicos a buscar consensos con los independientes, quienes se verán también obligados a negociar al no disponer de los dos tercios en la Convención, porcentaje que sí alcanzan con la izquierda, y como muchos independientes militan en posiciones progresistas, se prevé que tengan más sintonía con los constituyentes de izquierdas para introducir cambios de calado en la futura Carta Magna. La derecha no podrá vetar artículos o normas al no haber alcanzado un tercio de los escaños.
El cambio de la Constitución neoliberal actual, que limita mucho la acción del Estado y promueve la actividad privada en sectores como la educación, la sanidad y las pensiones, supone la supresión de un obstáculo esencial para poder efectuar profundas reformas en uno de los países con más desigualdades de Latinoamérica. El nuevo texto tiene que ser redactado en nueve meses y sometido a referéndum en el 2022 y, si es aprobado, sería la primera ley fundamental que nace de un proceso plenamente democrático y participativo en la historia de Chile.
El país apuesta por un experimento sin precedentes al ser nuevos actores, ajenos al sistema político clásico, quienes representarán a la sociedad en el nuevo redactado constitucional. Es la confirmación del hartazgo de los chilenos con su clase política, si bien la baja participación (43,3%) muestra la desconfianza de muchos ciudadanos ante lo que pueda ocurrir, en la creencia de que la Convención no traerá una renovación verdadera.
Los independientes logran casi un tercio de escaños en la Convención para redactar
la nueva Constitución