Los comunes agitan el choque del Govern con la CUP por los Mossos
Los grupos del Govern avalan la participación de Brimo y Arro en los desahucios
Una iniciativa parlamentaria de En Comú Podem aprobada ayer en la comisión de Interior del Parlament sobre la participación de los Mossos d’Esquadra en los desahucios ha hecho emerger de nuevo el choque entre los grupos del Govern (ERC y Junts) con su socio “preferente”, la CUP.
Se trata de una resolución –una mera declaración de intenciones– que proponía, inicialmente, elaborar un protocolo de actuación del cuerpo policial autonómico en los desalojos “con especial atención a los casos de personas vulnerables”, y que apostaba por “excluir” la posible participación de las unidades de antidisturbios (Brimo y Arro) en estos casos. La propuesta recibió enmiendas conjuntas de ERC y Junts que rebajaban las expectativas y apostaban por mantener la posible participación de estas unidades de intervención. La aceptación por parte de los comunes provocó el enfado de los anticapitalistas, que afearon a los grupos del Govern, en particular a ERC, el “incumplimiento” de los acuerdos de investidura.
En el pacto de ERC y la CUP para la investidura de Pere Aragonès figura un precepto sobre la necesidad de “modificar el protocolo de lanzamientos judiciales”, en el que se señala de manera específica la “no intervención de Arro y Bimo en desahucios de familias o personas vulnerables”. Así que el planteamiento inicial de la resolución de los comunes era plenamente compartida por la CUP, pero la decepción de los cuperos llegó al comprobar que los de Jéssica Albiach aceptaron los cambios de ERC y Junts.
Las enmiendas desdibujaron la efectividad de la propuesta inicial de los comunes. En lugar de instar a elaborar el protocolo de actuación en los desalojos, se expresó la disposición a “valorar” su elaboración, y se remitió a lo que se acuerde al respecto en la comisión del modelo policial del Parlament, presidida por la CUP.
Además, los comunes aceptaron no excluir a Brimo y Arro de estas intervenciones y aceptaron la idea de los grupos del Govern de regular en el futuro protocolo su participación “mientras el Estado no modifique la ley de Enjuciamiento Civil”, que es la que “permite que los jueces pidan la ejecución de un desahucio sin contemplar excepciones de vulnerabilidad”, puntualizan.
Pese a aceptar las enmiendas, el diputado de En Comú Podem Marc Parés no ocultó su asombro por la voluntad de ERC y Junts de diluir el acuerdo con la CUP: “Expresamos nuestra sorpresa porque pensábamos que la exclusión de la Brimo y Arro era algo asumido tras el acuerdo de investidura”, pero “parece que siguen apostando por los antidisturbios”.
Los comunes aceptaron las modificaciones porque priorizan poder contar con un protocolo en el que figure “el rol” de estas unidades policiales, algo en lo que el Govern viene trabajando. Según Parés, los agentes hacen un “uso abusivo y desproporcionado de la fuerza” e Interior no acomete este asunto en sus propuestas de protocolo.
La CUP se abstuvo en la votación final pero denunció el “paso atrás” que supone el trato, así como el “incumplimiento del compromiso del Govern de desalojar a personas vulnerables sin antidisturbios”. El diputado Xavier Pellicer lamentó la renuncia de los comunes y acusó a los grupos del Govern de eludir su responsabilidad en favor de los tribunales: “Es intolerable que un tribunal diga que se tiene que desalojar y con qué medios. El Govern tiene que defender la potestad que tiene”.
El Govern lleva tiempo intentando acordar con el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya un protocolo de actuación para desahucios. El Ejecutivo de Aragonès presentó una propuesta a finales de año al presidente del tribunal, José María Barrientos, pero no ha logrado convencerle. En él, el Govern plantea la posibilidad de crear una unidad especial en los Mossos para “conflictos de vivienda” con dos procedimientos internos: uno de actuación ante la ocupación de inmuebles y otro por desahucios. Pero Barrientos ha decidido dejar el asunto en manos del Consejo General del Poder Judicial.c
Los cuperos vuelven a denunciar el incumplimiento del acuerdo de investidura de Pere Aragonès