El caso de la licencia de edad

La escena política catalana se ha visto sacudida esta semana por el caso de la licencia de edad. Dicha licencia ha permitido a funcionarios del Parlament de Catalunya con un cuarto de siglo de antigüedad cobrar su sueldo durante el último lustro de su vida laboral –entre los 60 y los 65 años– trabajando mucho menos que en años anteriores. Y durante los tres últimos años de dicho periodo, sin trabajar en absoluto. El coste para el erario de los 21 funcionarios acogidos a tan ventajoso régimen especial es de 1,7 millones de euros anuales, una cifra más que apreciable.

Dicho régimen especial fue aprobado en el 2008, cuando presidía el Parlament el republicano Ernest Benach. Ni él ni ninguno de sus sucesores en el cargo –Núria de Gispert, Carme Forcadell o Roger Torrent– hicieron nada concluyente para revertir tal prebenda. La actual presidenta, Laura Borràs, acometió en diciembre pasado una reforma del régimen, que vino acompañada de una prórroga, merced a la cual los beneficiarios de esta regalía han seguido percibiéndola. Borràs pretendió haber arreglado el asunto al decidir reducir el plazo de cinco años a tres. Pero nada de lo antedicho ha servido para calmar los ánimos en una sociedad que no entiende ni quiere entender este tipo de privilegios, consolidados por cierto cuando se iniciaba una crisis económica devastadora, que destruyó millones de empleos y condenó a incontables ciudadanos de este país a vivir en la precariedad.

Es inadmisible que algunos servidores públicos, que además son de largo recorrido, reclamen para sí un tratamiento tan ventajoso. El paso por la política debería ser considerado por todos los ciudadanos dotados de las facultades necesarias para su desempeño como una obligación ética y desinteresada. Una cosa y la otra, la ética y el desinterés, nos ahorrarían espectáculos más bien bochornosos como este al que asistimos ahora. Un régimen especial como el que nos ocupa presenta menos objeciones en la empresa privada, donde dos partes pueden establecer este tipo de acuerdos sin carga para el erario. Pero en el ámbito de la administración pública es reprobable, tanto en lo moral –la política no debería ser concebida por ningún ciudadano como un camino hacia el beneficio particular– como en lo estrictamente económico.

Agrava algo más este caso el hecho de que el Parlament tardara nueve meses en atender las peticiones oficiales del diario Ara, que fue el que desveló este régimen especial, y cuyo objetivo no era otro que poner en conocimiento de la ciudadanía semejantes privilegios. Es injustificable que la institución parlamentaria, dotada de los mecanismos necesarios para garantizar la transparencia en todas sus actividades, se demore de modo tan notable a la hora de atender legítimas peticiones de la prensa, que no tienen otro objetivo más que fiscalizar al poder y garantizar que se comporta adecuadamente. Y, por otra parte, también agrava el caso el hecho de que la justicia hubiera denunciado este privilegio –así lo describió el TSJC–, al igual que la Sindicatura de Comptes.

No discutimos la legalidad, al menos en su planteamiento formal, de este régimen. Pero estamos plenamente convencidos de que está fuera de lugar y es impropio de unas instituciones que respeten a sus administrados. Por ello nos congratulamos de que el Parlament, en una sesión no exenta de tensiones, acordara anteayer martes abrir negociaciones con los beneficiarios de esta figura extraordinaria para extinguirla. La conducta de los electos debe ser en todo momento ejemplar. Lo contrario puede contribuir, y mucho, al descrédito del sistema democrático.c

Privilegios como el recién desvelado llevan al descrédito del sistema democrático