La libre interpretación del código ético
Una asociación desconocida se querella contra la alcaldesa, que comparecerá el próximo 4 de marzo
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, tendrá que ir a declarar en calidad de investigada al juzgado de instrucción 21 de Barcelona. Una entidad de actividad desconocida– Asociación por la Transparencia y la Calidad Democrática– presentó en diciembre una querella contra la alcaldesa que ahora ha sido aceptada por un juez que la ha citado para el próximo 4 de marzo a las 10.30 horas. La acusación es la misma que ya efectuó en marzo otra asociación y que acabó en nada. La nueva querella acusa a Colau por haber asignado 3,4 millones de euros a entidades afines a Barcelona en Comú de “forma arbitraria y sin la tramitación formal, con el único objeto de financiar los salarios, actividades y funcionamiento general de esas entidades”, como el Observatori DESC, Ingenieros sin Fronteras y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.
Todo ello podría suponer, a juicio de los querellantes, la comisión de delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas.
La asociación que ha presentado la querella es de carácter anónimo y no hay ningún representante que haya querido hablar públicamente. Solo se han comunicado con los medios a través de un correo electrónico y una nota de prensa. La entidad señala que fue constituida en el 2017 por parte de “ciudadanos independientes” con el fin de “velar por la calidad democrática” de las instituciones, “sin ataduras a grupos de presión, mediáticos o económicos”. Esta asociación ya denunció a Colau ante la Fiscalía por la cesión de datos en la multiconsulta del pasado mandato que no se llevó a cabo y en la que, entre otras cosas, se debía votar sobre la remunicipalización del agua. Además, la misma asociación ya presentó otra denuncia contra el Ayuntamiento
La citación a Colau para ■ que declare como investigada vuelve a poner sobre la mesa las lecturas interesadas que puedan hacerse de los códigos éticos de las formaciones políticas. El de BComú establece que el cargo electo, gerencial o de libre designación se compromete a renunciar o cesar “de forma inmediata” de sus cargos ante la “imputación judicial” de delitos relacionados con corrupción, prevaricación, tráfico de influencias, enriquecimiento injusto con recursos públicos, soborno, malversación y apropiación de fondos públicos en interés propio o de terceras personas.
de Valladolid por el proceso de remunicipalización del contrato de gestión del ciclo del agua.
En esta última querella aceptada, el juez, además de citar a Colau, ha solicitado los expedientes de concesión de las subvenciones y el escrito de la Fiscalía en el que archivó una anterior investigación por los mismos hechos. Fue en marzo del año pasado cuando la asociación Abogados Catalanes por la Constitución presentó una denuncia en Fiscalía en los mismos términos. Consideraban que Ada Colau había cometido irregularidades en la concesión de las subvenciones. El ministerio público lo investigó y concluyó que no había delito. Para ello recabó de la secretaría general del Ayuntamiento todos los expedientes, las actas de los plenos y la identidad de los concejales que formaron parte de la comisión del gobierno del Ayuntamiento que dio luz verde a las subvenciones. Y, por último, también recopiló un informe de la Policía Nacional en el que se establecía la posible relación profesional o personal entre Colau y los otros denunciados – Gala Pin, Vanesa Valiño, Laia Ortiz, Laura Pérez, Irene Escorihuela, Eloi Badía, Gerardo Pissarello y Jaume Asens– y las entidades subvencionadas. La Fiscalía descartó que actuasen de forma arbitraria y señaló que las mismas entidades ya recibieron subvenciones en mandatos de gobiernos anteriores a Colau. El único reproche de la Fiscalía fue que Colau y el resto de denunciados debían haberse abstenido a la hora de aprobar las subvenciones, tal y como establece la ley, dada su relación previa, un extremo que, sin embargo, debería
La edil recuerda que fue archivada una causa similar y cree que la denuncia quedará en “nada”
dirimirse por la vía administrativa y no por la penal.
La alcaldesa, en una comparecencia de prensa, mostró ayer su “perplejidad” por haber conocido a través de los medios de comunicación que había una investigación y una citación. “Yo no había recibido ninguna notificación, pero nuestros servicios jurídicos se han puesto a disposición del juzgado”, dijo Ada Colau, que recordó que su ejecutivo lleva ya once querellas archivadas y una es por la misma causa por la que ahora se le cita. “Es sorprendente que se me cite por unos hechos que la propia Fiscalía ha archivado, añadió.
Sobre el código ético de los comunes que fija que los cargos públicos cesen al ser imputados, la edil insistió que considera que la causa “quedará en nada”.
Tanto el grupo del Ciudadanos como el del PP exigieron la dimisión de Ada Colau, mientras que JxCat pidió “máxima transparencia, celeridad y colaboración”.c