Un entramado de entidades sociales afines a Barcelona en Comú

Una serie de entidades sociales, que en algunos casos comparten hasta la sede social y el NIF, vuelven a estar en el punto de mira de esta nueva denuncia que puede llevar a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, a declarar ante el juez dentro de unas semanas. Observatori DESC, Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Ingenieros sin

Fronteras, Alianza contra la Pobreza Energética son algunos de los cientos de beneficiados por las subvenciones municipales, una fórmula que no ha inventado el gobierno de Ada Colau pero que, como apuntaba el exhaustivo análisis publicado por La Vanguardia el 21 de marzo del año pasado, se ha intensificado (entre el 2014 y el 2020 crecieron un 65%) desde que los comunes accedieron al poder a mediados del 2015.

Estas entidades, que ya obtuvieron, aunque en una menor cuantía, subvenciones y contratos en la época del anterior alcalde, Xavier Trias, han constituido la cantera política de la que han surgido destacados valores que acabaron nutriendo las filas de BComú, tanto en lo que respecta a cargos políticos y electos como a la estructura técnica y de cargos de confianza del Ayuntamiento de Barcelona. Nombres como Gerardo Pisarello, Gala Pin, Vanesa Valiño o Águeda Bañón son algunos de los que tienen una relación directa con estas entidades y asociaciones, en las que también cultivó su futura carrera política y la proyección social y mediática la actual alcaldesa y líder indiscutible de los comunes,

Desde que los comunes accedieron al poder crecieron unas ayudas que ya se otorgaban en la etapa Trias

Ada Colau, portavoz de la PAH antes de dar el salto al Ayuntamiento en los comicios municipales del 2015. Desde entonces nunca se ha probado que en la concesión de esas ayudas se haya cometido ilegalidad alguna. Ese es, salvo que esta nueva causa judicial calcada a la que la Fiscalía archivó el año pasado diga lo contrario, un hecho irrefutable, como también lo es que se trata de entidades muy afines a BComú.

El primer convenio con el Observatori DESC se remonta al 2012, año en que se fijó una ayuda de 25.000 y otra de 100.000 en el siguiente ejercicio. En el 2014 se amplió otros dos años a razón de 240.000 euros en total. Aquel convenio del 2014 (para el asesoramiento de personas en ejecuciones hipotecarias) se renovó al alza (336.000 euros) en el 2016, ya durante el primer mandato de Ada Colau, cuando se añadieron Ingenieros sin Fronteras y la Alianza contra la Pobreza Energética. El 2018 se produjo una nueva renovación, por valor de 324.600 euros, que fue prorrogada por un bienio más en el 2020.c