Acuerdo para recuperar las medidas antidesahucios anuladas por el TC
ERC, Junts, CUP y comunes desencallan las diferencias e impulsan una nueva ley
Un entendimiento entre los independentistas y los comunes, que se había forjado casi de manera fulgurante para recuperar las medidas antidesahucios tumbadas por el Tribunal Constitucional, se truncó repentinamente después de que Junts presentara siete enmiendas a una nueva ley que precisamente había ayudado a impulsar. La cuestión contribuyó a enrarecer un poco más si cabe la negociación del Govern con la CUP por los presupuestos de la Generalitat. Ayer, sin embargo, tras semanas de razones y contrarrazones, finalmente volvieron a entenderse junto con entidades sociales y acordaron sacarla adelante, con JxCat consiguiendo compensaciones para determinados propietarios El apretón de manos incorporará con posterioridad al PSC, que ha visto con buenos ojos el borrador resultante.
La Generalitat llevó en diciembre del 2019 al Parlament un decreto que pretendía evitar el desalojo de familias vulnerables. Algunas de las iniciativas que incorporaba fueron tumbadas por el Tribunal Constitucional en enero del 2021 después de que el PP presentara un recurso.
En el nuevo pacto entre ERC, Junts, la CUP y los comunes han tenido mucho que decir entidades como la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de Catalunya (PAH) o el Observatori DESC. Estas asociaciones se mostraron satisfechas con las conversaciones, pero vista la experiencia ayer avisaban en un comunicado que permanecerán “atentas hasta que se apruebe” la ley en el Parlament definitivamente, y avisaron de que vigilarán que se aplique “desde el primer día al 100%”. Antes, a principios de febrero, el texto y las enmiendas tendrán que pasar por comisión parlamentaria.
Las entidades destacaron que con el nuevo acuerdo “se descarta el mecanismo de derecho a compensación para grandes tenedores” que formó parte del conjunto de enmiendas de Junts. Además, se introducen medidas de alquiler social para evitar desahucios.
Así, se redefine la figura del gran tenedor, que incluirá ahora personas jurídicas con más de diez viviendas y se mantendrá en quince para personas físicas. Estos tenedores renovarán obligatoriamente los alquileres sociales cuando toquen a su fin.
Igualmente, se establece que, a cambio de frenar desahucios, aquellos grandes tenedores que no sean bancos o fondos de inversión podrán reclamar a la Generalitat que asuman el alquiler del piso donde vivan familias en riesgo. El precio será el equivalente en el de protección social y los inquilinos podrán permanecer. Es uno de los factores que Junts ha conseguido introducir. Entre otras medidas, además se amplía a siete años la cesión obligatoria de viviendas vacías pertenecientes a entidades bancarias.
Al pacto se sumará el PSC. Los socialistas creen que la nueva propuesta recoge “el espíritu” de las enmiendas que presentaron. Pero desde el partido aseguran que mantendrán a algunas de ellas y que lucharán “hasta el final” por incorporar su petición de elaborar un plan integral de abordaje de las ocupaciones de viviendas,
El PSC se sumará al texto, pero pide incluir un plan de abordaje de las ocupaciones de viviendas
que tiene que prever la concertación del Govern con las administraciones locales, a las cuales “dotará de recursos necesarios para que hagan las inspecciones” de las viviendas ocupadas sin título habilitante. El PSC justifica esta enmienda como una medida para luchar “contra las mafias”.c