Anulada la orden que obliga a Airbnb a quitar anuncios ilegales
El Supremo tumba la medida de la Generalitat que responsabilizaba al portal de descolgar la oferta irregular
Una sentencia del Tribunal Supremo anula la orden de la Generalitat del año 2015 que obliga a Airbnb a revisar y dejar de publicar los anuncios de alojamientos que no estén inscritos en el registro de pisos turísticos de Catalunya. El fallo considera que la conocida plataforma no es más que un intermediario, y en ningún caso un proveedor inmobiliario o un prestador de servicios turísticos. El Supremo recuerda que el Tribunal de Justicia de la UE aseguró en el 2019 que Airbnb ha de regularse como un servicio de la sociedad de la información.
La resolución se hace eco de otra dictada en enero del año pasado, cuando la sala estableció que Homeaway, otra plataforma digital también dedicada al alquiler vacacional, está obligado a suprimir los anuncios que incumplan una obligación legal cuando la administración competente haya declarado dicho incumplimiento y lo comunique a la plataforma en cuestión, pero que las administraciones no pueden trasladarle la obligación de vigilancia que en realidad les corresponde.
Airbnb aplaude la sentencia y subraya su interés por seguir trabajando con las administraciones “para elaborar una normativa clara, adaptada a la realidad de los viajes y que apoye a los particulares”. Además, Airbnb reivindica los beneficios de su actividad sobre el empleo y los comercios, sobre todo durante la pandemia. Las fuentes añaden que “la colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona
La resolución concluye que la labor de vigilancia corresponde a las administraciones
ya permitió eliminar más de 7.000 anuncios”, y apostillan que la plataforma advierte a sus anfitriones que están obligados a cumplir las normativas.
El Consistorio de la capital catalana, que en los últimos años impuso a Airbnb importantes sanciones económicas que siempre fueron recurridas, acostumbra a remitir a la plataforma listados de anuncios de alojamientos que en principio no se ajustan a la legalidad a fin de que sean retirados. Esta práctica permitió en los últimos años frenar a muchos anfitriones considerados como multirreincidentes y dedicados a la explotación turística de carácter empresarial de viviendas convencionales, sin ningún tipo de permiso por parte de las administraciones.
La resolución también abre las puertas a la promoción de otro tipo de alojamientos turísticos, principalmente el alquiler de habitaciones por días en la propia vivienda, una práctica que el gobierno de la alcaldesa Ada Colau pretende erradicar de Barcelona y que vetó de manera contundente en la última revisión del plan especial urbanístico de alojamientos turísticos (Peuat). Fuentes del gobierno de Colau señalan que esta sentencia no alterará la estrategia municipal para frenar los alojamientos turísticos ilegales. “Las inspecciones continuarán con la misma firmeza y contundencia”, aseguran.
La asociación de ciudadanos multados por el Ayuntamiento por alquilar su vivienda habitual, conocido como Acaba, señala que “si ahora Airbnb no tiene la obligación de verificar si sus anuncios tienen licencia, debe ser muy cuidadosa con su publicidad a fin de no animar a publicar un alquiler de una residencia habitual, práctica que está rotundamente prohibida en Barcelona. Entonces estaría incitando a cometer una ilegalidad en su propio beneficio. En cuatro años se detectaron 19.118 anuncios sin habilitación en Airbnb, según números del propio Ayuntamiento, que han acarreado miles de sanciones por importe de 60.001 euros”.
Acaba ya demandó a Airbnb. El juicio se celebrará a finales de febrero.c