Ciudadanos y PP llevan a la justicia el veto de Vic a sus carpas informativas
Ciudadanos y PP saben que la plaza Major de Vic no es un escenario a priori muy propicio para sus intereses, pero no por eso están menos indignados por la decisión de la alcaldesa, Anna Erra, de Junts per Catalunya, de vetar su presencia en el lugar –donde querían instalar carpas informativas a favor del 25% de castellano en la escuela–, aduciendo una ordenanza que prohíbe el uso de la vía pública “para actividades contrarias a la moral, a las buenas costumbres ciudadanas o al orden público”.
De ahí que los líderes parlamentarios de ambos partidos hayan puesto estos días rumbo a la capital de Osona para denunciar in situ lo que consideran “una vulneración clara de derechos”. Y si Carlos Carrizosa se desplazó ayer a Vic junto a otros cuatro diputados de Ciudadanos para lamentar algo tan “insólito e inconcebible en una democracia”, hoy, jornada de mercado, llegará una comitiva del PP encabezada por Alejandro Fernández, quien observa con suma preocupación que “se prohíba a partidos y entidades democráticas poder desarrollar actividades solo por no compartir el ideario separatista”.
Además, tanto Ciudadanos como el PP han anunciado que emprenderán acciones legales contra la negativa del Consistorio vicense, que tiene un trasfondo lingüístico y se remonta a la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que obliga a reservar una cuarta parte de las horas lectivas al castellano y que ayer mismo fue declarada firme por la sala de lo contencioso-administrativo.
Con la voluntad de presionar para que se respete esta resolución, la plataforma Escuela de Todos, que aúna a una decena de entidades partidarias de que la lengua castellana esté más presente en las aulas, inició una campaña de recogida de firmas por municipios de toda Catalunya que en Vic no obtuvo el permiso municipal.
La polémica tiene un trasfondo lingüístico, a raíz de la sentencia del TSJC sobre el 25% de castellano
Y la extrañeza ante la justificación de la alcaldesa Erra desató una polémica en la que los partidos que se definen como constitucionalistas han visto una oportunidad de llevar su mensaje a un territorio en principio más hostil.
“Lo que está ocurriendo en Vic es grave y conviene atajarlo antes de que se normalice. Por ello hemos acudido a la Fiscalía”, advirtió el presidente del PP catalán. “¿De dónde ha salido esto de ir contra la moral, las costumbres y el orden público por poner una carpa informativa?”, exclamó el líder de Ciudadanos, que también presentará recurso.c