“Muchos proyectos de infraestructuras de Catalunya estaban en el cajón” ENTREVISTA
Relación con UP “No hay ninguna discrepancia en el criterio con nuestros socios de Gobierno”
Lleva desde julio pilotando el que puede considerarse el transatlántico de la Administración española tanto por presupuesto como por número de competencias. En cartera tiene retos tan complicados como una ley de Vivienda, otra de Movilidad Urbana que defina el pago por uso en las autopistas, la gestión de la política ferroviaria en pleno proceso de liberalización e incluso ha tenido que frenar en tiempo de descuento la rebelión de los transportistas que amenazaron con paralizar el país en plenas Navidades.
La ministra Raquel Sánchez reconoce a La Vanguardia que, cuando el PSOE llegó al poder, muchos proyectos de infraestruc
Ley de Vivienda
“Está bien armada, es sólida constitucional y jurídicamente y no invade competencias”
Resolución judicial “Si la ley no afectara a tres normas procesales los jueces no tendrían que valorarla”
Trámite parlamentario
“Buscamos los máximos consensos posibles sin renunciar a los mínimos establecidos”
turas de Catalunya estaban en los cajones de su ministerio.
Esta semana, Sánchez ha aprobado un voluminoso paquete de ayudas para fomentar el acceso a la vivienda que incluye un bono joven con ayudas al alquiler y un plan de vivienda. Pero se le ha quedado en el tintero la ley de Vivienda, que, pese a haber cerrado de acuerdo con sus socios de Unidas Podemos, tras una larga y complicada negociación, no fue aprobada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
¿Podría aclarar por qué el CGPJ ha impedido la aprobación de la ley?
Solicitamos el informe al Consejo porque la ley de Vivienda, modifica tres artículos de la ley de Enjuiciamiento Civil relacionados con los procedimientos de desahucios. Es decir, afecta a una norma procesal y por ello es preceptivo ese informe. Si no se hubieran modificado esos artículos, no sería ni tan siquiera necesario haberla enviado. Es sobre esas cuestiones sobre las que se tendría que ceñir el informe del órgano de los jueces. Sabemos que hubo una propuesta de informe por parte de uno de los vocales del Consejo y se presentó una enmienda a la totalidad y eso concluyó que el pleno no emitiera ninguno y que se aplazase para el pleno del 27 de enero.
¿El CGPJ se ha extralimitado en sus funciones?
Yo no voy a decir que se ha extralimitado. Lo que sí que digo es que la ley Orgánica del Poder Judicial obliga al CGPJ a emitir un pronunciamiento porque la ley está afectando a normas procesales. Si no se afectara esas normas procesales no sería necesario. A partir de ahí, el CGPJ es libre para emitir las consideraciones que estime oportunas.
¿Aprobarán la ley de Vivienda incluso si hay un informe judicial contrario?
Vamos a esperar al informe que está previsto para finales de marzo. A partir de ahí, lo valoraremos. Nuestra voluntad es seguir adelante con la tramitación porque es una ley que está bien armada, que es sólida jurídica y constitucionalmente y no invade ninguna competencia. No estamos interfiriendo en el derecho a la propiedad. Estamos garantizando el derecho a la propiedad como derecho fundamental y al mismo tiempo garantizando que el acceso a una vivienda digna y asequible sea una realidad.
Sus socios de Unidas Podemos están muy enfadados porque consideran que han retrasado intencionadamente la ley. ¿Complica esto la relación?
No ha habido ningún retraso. Lo que ha habido es garantías de
que cumplíamos con los plazos legales y los trámites procesales que corresponden. En ese sentido, no hay ninguna fisura, no hay ninguna discrepancia en el criterio con los socios del Gobierno.
¿Están dispuestos a aceptar modificaciones en la ley ?
Confiamos en una ley que hemos trabajado durante muchos meses y es la mejor propuesta que podíamos hacer. Es un anteproyecto que ha resultado complejo para tener atados todos los extremos. Cuando arranque el trámite parlamentario, puede haber propuestas de otras formaciones políticas que mejoren el texto y estamos abiertos a analizar. Buscamos que sea una ley que reúna los máximos consensos posibles. Eso pasa por tener esa capacidad negociadora, pero sin renunciar a los mínimos que nosotros hemos establecido en esa ley.
Su ministerio ha aprobado esta semana una gran batería de ayudas para el acceso a la vivienda. ¿Cómo valora la situación actual de precios en España? ¿Está sobrevalorado el mercado?
No se puede generalizar. Hay zonas en las que ha subido mucho y otras en las que no. La situación nos preocupa y por eso estamos tomando medidas y proponiendo una ley que sirva para que no solo sea el mercado el que marque los designios del precio de la vivienda, sino que se garantice el derecho que tienen los ciudadanos de renta media a acceder a la misma. Y no solo actuamos con la ley, el Plan Estatal de Vivienda y el Plan de Vivienda sostenible con el que vamos a construir 100.000 viviendas para alquiler social también van en esa línea: incidir en mercados sobrevalorados. Por eso aprobamos también un bono de ayuda para que los jóvenes, tradicionalmente olvidados en este sector, tengan más fácil el acceso a un alquiler.
En este punto, ¿hay alguna medida para evitar que el bono joven al alquiler no se traduzca en subidas camufladas del precios?
Se van a exigir todas las garantías, como un contrato de alquiler en el que se tenga que acreditar la renta, que se cotejará con las declaraciones de los propietarios. Debemos afinar el control, pero confiamos en que sea una ayuda real para los jóvenes.
¿Le preocupa que la alta inflación invite a los ciudadanos a invertir más en vivienda para garantizar sus ahorros y tire de los precios hacia arriba?
Yo no voy a cuestionar las decisiones que puedan tomar los ciudadanos libres para maximizar su patrimonio. Lo que vamos a hacer es incentivar que, si adquieren viviendas como inversión, les resulte atractivo también ponerlas en el mercado de alquiler para permitir el acceso a la vivienda a un precio asequible para quienes lo necesitan.
Las autonomías del PP ya han dicho que no aplicarán la nueva ley. ¿Se quedará gran parte de España sin regulación del alquiler?
ley va más allá que la limitación de los precios del alquiler en áreas tensionadas, que parece la cuestión que genera más controversia al Partido Popular. Hay otras muchas más cuestiones que se regulan. Por ejemplo, se introducen incentivos fiscales para que a los propietarios, personas físicas particulares que pueden tener varios pisos, les resulte atractivo congelar o incluso bajar el precio del alquiler. Esos incentivos fiscales tampoco se aplicarían y esos dirigentes del PP tendrían que dar explicaciones por ello ante los ciudadanos.
¿Hay alguna garantía en la ley para evitar que en el futuro los fondos buitres compren viviendas públicas?
Sí, se establece la prohibición de la enajenación del parque público de viviendas. Se garantiza que la calificación de vivienda pública se mantendrá con un carácter indefinido y por lo tanto, se prohíbe esa posibilidad.
A finales de febrero vence la prohibición de desahuciar. ¿Qué va a hacer el Gobierno?
Esa prohibición se aprobó en un contexto muy marcado por la pandemia. Debemos estudiar la situación a finales de febrero y veremos si la ampliamos o buscamos otra forma de garantizar la vivienda a las familias más desfavorecidas. Hay que esperar.
En Catalunya, las nuevas leyes aplicadas a la vivienda han generado una ola de contenciosos que han acabado en los tribunales. ¿Teme que pase lo mismo con la ley que quieren aprobar?
Me gustaría pensar que no va a ser así.Nosotros defendemos la solvencia de esta ley. Cada uno es libre de plantear los litigios que considere. Para los operadores del sector, la ley generó más alarma cuando se estaba diseñando que cuando conocieron el contenido. Cuando pudimos explicar el anteproyecto se disiparon muchas dudas. No hay ningún ataque a la propiedad privada, pero sí que se articulan medidas para evitar que mercado continuase funcionando de una manera desbocada que estaba condenando a muchas personas a no poder acceder a una vivienda.
Un tema que preocupa mucho en Catalunya es el bajo nivel de ejecución de la inversión del Estado. ¿Qué se está haciendo para garantizar que lo que se aprueba se acerque a la realidad?
Quiero ser muy sincera. Cuando entramos en el Gobierno en el 2018, en lo que se refiere a Catalunya había muchos proyectos directamente paralizados, otros en los que no se había avanzado y que se habían dejado directamente en el cajón. Este Gobierno ha dado un impulso muy importante a la puesta en marcha de todos ellos. El 2022 será un buen año en cuanto a ejecución presupuestaria en Catalunya. Nuestra voluntad de cumplir con Catalunya es firme porque si a Catalunya le va bien a España también. Nos necesitamos. Juntos somos más fuertes.
¿Hay alguna novedad respecto al proyecto de ampliación del aeropuerto de El Prat?
No hay nada nuevo. Es un proyecto que es bueno para Catalunya y España y lamentamos el cambio de criterio que hubo por parte del Govern de la Generalitat cuando ya se había adoptado una decisión que iba ser recogida en el DORA [Documento de Regulación Aeroportuaria, que otorga el marco para las inversiones]. Nosotros seguimos pensando que no se puede renunciar a ese proyecto que suponía convertir El Prat en un hub internacional. Eso ya no será posible a medio plazo, pero es la Generalitat quien debe mover pieza.
¿Y cómo va el Corredor Mediterráneo?
Hemos avanzado mucho en Levante y vamos a avanzar mucho en Catalunya porque en los presupuestos de este año es la comunidad que más dinero recibe para el Corredor Mediterráneo.
Ampliación de El Prat “Es la Generalitat la que tiene que moverse ahora, nosotros ya lo habíamos apoyado”
Financiación vial “El pago por uso en las carreteras se aplicará cuanto tengamos los consensos necesarios”
Vivienda
“Los fondos buitre no podrán volver a comprar viviendas públicas”
Relación con el Govern “Si a Catalunya le va bien, a España también. Juntos somos más fuertes”
Otro de los temas importantes que su cartera tiene pendiente es la regulación del pago por uso para financiar la conservación de las carreteras. ¿En que punto está esa decisión?
Estamos en el análisis. Es una decisión importante con la que hay que ser muy pedagógico. Tenemos que buscar una solución al déficit de mantenimiento de la red viaria estatal y al déficit histórico y hay que abordar el tema con valentía y transparencia.Todas las posibilidades están abiertas. El objetivo es que acabe con los históricos agravios territoriales y que responda al principio básico de que pague quien contamina, quien usa la infraestructura y no todos los contribuyentes como ahora. En unos meses presentaremos una propuesta.
¿Están obligados por Bruselas a presentarlo en el 2022 o esperará a la siguiente legislatura?
No se ha retrasado a la siguiente legislatura. A lo que nos comprometimos con Bruselas es a preLa sentar una propuesta que aborde la financiación de la red viaria desde el punto de vista de la sostenibilidad y buscar los consensos necesarios para aplicarla. Y eso se va a presentar, pero solo se aplicará cuando tengamos los consensos necesarios.
¿Se aplicará la viñeta mientras se consiguen esos consensos?
Hay diferentes propuestas. Primero podría ser una viñeta para pasar luego a una diferenciación entre colectivos o pagos por kilómetros usados. Ahora está todo en análisis y sobre todo hay un compromiso con el sector de transportes para abordar conjuntamente la solución.
¿La ley de Movilidad que debe recoger esta regulación se aprobará en febrero como estaba previsto?
Eso esperamos, sí. Todavía no está terminado el texto. El objetivo es consolidar la movilidad como un derecho de los ciudadanos. A partir de ahí, trabajamos en la intermodalidad, la movilidad más sostenible y digital en base a las distintas necesidades en zonas urbanas, metropolitanas o rurales.
En diversos puntos de la España rural temen que esta apuesta signifique para ellos el fin al tren tradicional como medio de transporte. ¿Será así?
Las zonas rurales tienen necesidades diferentes. La infraestructura y, por lo tanto, el tren no pueden ser un fin en sí mismo. Nuestro compromiso con el ferrocarril es absoluto. En los presupuestos, hemos consignado un 6.700 millones para el ferrocarril y más de la mitad está destinado a la línea convencional y a cercanías. No hay ninguna renuncia, pero lo que sí un análisis de las soluciones que mejor se adaptan a los territorios y los ciudadanos. En algunas ocasiones y territorios, el ferrocarril no es ni eficiente ni sostenible.