Una reforma laboral sustantiva y diferencial
La crisis financiera del 2008 aceleró la preponderancia de un paradigma de política económica que, mediante la desregulación y el debilitamiento del Estado del bienestar, impulsó el crecimiento de un nuevo precariado. Un número creciente de personas, desproporcionalmente jóvenes, mujeres y trabajadores de baja cualificación, han ido entrando en la trampa de la precariedad, con condiciones sociales y laborales insatisfactorias sostenidas a lo largo del tiempo.
Para revertir esta dinámica, se necesita tanto un buen diagnóstico de las causas que generan esta nueva precariedad como una acertada elección de las políticas públicas para corregirla. En el caso español, el deficiente funcionamiento del mercado de trabajo es sin duda la principal fuente de precariedad. De ahí la importancia de la reforma laboral que acabamos de aprobar.
Los ajustes en el mercado de trabajo se producían en España históricamente a través de la destrucción de empleo. En algún momento se pensó que la generalización de los contratos temporales podría servir para crear puestos de trabajo. Pero lo que hemos aprendido es que la excesiva temporalidad es en realidad parte del problema del alto desempleo estructural. Cuando la temporalidad es alta, reducir el número de trabajadores se convierte en la principal respuesta a las crisis. Esto es dañino para la economía: la ruptura de un número excesivo de relaciones laborales alarga el tiempo que los trabajadores pasan en el desempleo, hace que sus cualificaciones se vuelvan obsoletas y provoca que las crisis temporales lastren el empleo futuro.
Este proceso de ajuste venía acompañado de una progresiva devaluación salarial, provocada por la reducción del poder de negociación de los trabajadores. Además de contribuir al auge de la desigualdad, la ausencia de mecanismos de coordinación ha hecho que las resoluciones de las crisis se dilataran en el tiempo. Nuestra forma lenta y desigual de ajustarnos a la crisis hacía que las caídas de actividad transitorias dejaran secuelas permanentes.
Ante esta realidad, la respuesta debía ser ambiciosa, sustantiva y capaz de generar un amplio consenso. Y así ha sido. El reciente acuerdo para la reforma laboral se ha visto facilitado por la legitimidad alcanzada con la respuesta dada a la pandemia y concertada con los interlocutores sociales en los últimos dos años. Hemos mostrado con éxito que el mercado de trabajo español puede funcionar de una forma distinta.
Durante esta crisis, se ha protegido a través de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y las prestaciones extraordinarias a los autónomos a más de cinco millones de trabajadores que, de otra forma, habrían perdido su empleo. La práctica totalidad de ellos ya se han reincorporado a la actividad. Mientras en la última crisis financiera el nivel de empleo previo tardó doce años en recuperarse, en esta lo ha hecho en solo dieciocho meses. Por primera vez, hemos conseguido que una caída de la actividad no se traduzca en un aumento mayor o igual del desempleo.
Este crecimiento del empleo se ha concentrado además en sectores de alto valor añadido, como información y comunicaciones o actividades profesionales o científicas, y es empleo de mayor calidad: tenemos 90.000 trabajadores temporales menos que hace dos años, pero 500.000 más indefinidos. La remuneración de los salarios en términos de PIB ha crecido, y la Seguridad Social cerró el 2021 con más ingresos por cotizaciones sociales que nunca, superando las cifras previas a la pandemia.
La nueva reforma laboral es deudora del aprendizaje colectivo que ha supuesto la gestión de la pandemia. Se perfecciona y agiliza la regulación de los ERTE, y se crea un nuevo instrumento –el mecanismo RED– para dar estabilidad al empleo durante las crisis y facilitar los procesos de cambio estructural sin que los trabajadores pasen por el desempleo.
La reforma combate la precariedad impulsando la contratación indefinida, acotando la contratación temporal y desincentivando el recurso a los contratos de muy corta duración. Se fortalece la negociación colectiva sectorial y se aborda el gran reto de la formación, con nuevos contratos formativos orientados a potenciar la formación dual, y se impulsa la formación para los trabajadores que estén temporalmente suspendidos en sus empresas.
El que la reforma laboral se haya cerrado con un acuerdo tripartito del Gobierno con los sindicatos y las organizaciones empresariales es fundamental. Por buenas razones, las políticas públicas más estables son las que se basan en los amplios consensos. Al incorporar los legítimos intereses de todas las partes implicadas, obligan a encontrar compromisos para compensar a los afectados e implican a más actores interesados en que el acuerdo siga vivo en el futuro.
Un diagnóstico acertado, una ambiciosa selección de medidas a partir de la experiencia de la pandemia, y una forma de trabajo basada en el diálogo y el acuerdo: estos son los buenos mimbres sobre los que se asienta la reforma laboral.c
La reforma se basa en un buen diagnóstico, las medidas adecuadas y el diálogo y el acuerdo