La Vanguardia (1ª edición)

Pesimismo en Valencia sobre el cambio de modelo

El equipo de Puig, molesto con la ausencia catalana del debate

- SÍLVÍDOR ENGUIX

En el Ejecutivo valenciano que preside Ximo Puig se extiende la convicción de que no habrá cambio de modelo de financiaci­ón autonómica en esta legislatur­a, ni en la estatal ni en la autonómica. Muchos son los factores que aderezan este sentimient­o, comenzando por la evidencia de que el Gobierno central no cree oportuno abrir ahora este melón en un momento en el que hay otros frentes prioritari­os como aprobar la reforma laboral y, a medio plazo, afrontar las elecciones en Castilla y León y Andalucía. Dos autonomías donde el debate de la financiaci­ón autonómica se afronta desde posiciones radicalmen­te diferentes pero claves en el combate electoral.

La prueba fue el mensaje lanzado por Pablo Casado en un acto de la campaña castellana; en el que subrayó que el nuevo modelo de financiaci­ón debía priorizar la España vaciada; justo lo contrario de lo que defiende Ximo Puig. Con lo que se confirma que el PP no va a estar dispuesto a afrontar, al menos durante un largo tiempo, esta cuestión; segurament­e hasta que pasen las elecciones locales y autonómica­s de 2023. Por ahora, no pueden contar con el PP, y sin el PP no va a ser posible el cambio.

Pero hay más problemas. Incluso dentro del PP, porque no hay la misma mirada sobre la financiaci­ón en Galicia o CastillaLe­ón, que en Andalucía. El presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla, no dudó en celebrar una cumbre con Ximo Puig el pasado mes de septiembre en la que ambos confirmaro­n sus coincidenc­ias para exigir al Gobierno que el nuevo modelo contemplar­a la variable de la población.

La reacción de la España vaciada, liderada por Núñez Feijóo fue inmediata: el presidente gallego convocó una reunión con los presidente­s Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadur­a y La Rioja. Era también una reacción contra Ximo Puig, con la exigencia de que ese nuevo modelo garantice la prestación de servicios públicos en las zonas despoblada­s.

El Gobierno Español presentó el pasado mes de diciembre una propuesta sobre el criterio de “población ajustada”, que en teoría debe ser el elemento clave del nuevo modelo de financiaci­ón. El problema es que este documento no resuelve las dudas y está condiciona­do a las otras variables que se incorporen a la nueva financiaci­ón. De hecho, la disparidad de interpreta­ciones ofrecidas por

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YORELL / EFE Ximo Puig

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