La juez halla evidencias de facturación fraudulenta en los Bombers
Interior se compromete a colaborar y a restaurar la normalidad contable
La juez que investiga el presunto caso de corrupción en los Bombers ha hallado evidencias de facturación fraudulenta. Así lo afirma en un auto al que ha tenido acceso La Vanguardia en el que constata que existía una “mecánica irregular consistente en continuar con la ejecución de un contrato para el mantenimiento de la flota de vehículos de extinción aunque se hubiera agotado el presupuesto para dicho contrato”. Y por ello se duplicaban, triplicaban o incluso se falsificaban facturas, según fuentes de la investigación.
El caso afloró tras una información reservada del Departament de Interior, que desembocó en una denuncia de la Fiscalía y que ha culminado con la imputación de la cúpula de Bombers de la Generalitat: del anterior director Manel Pardo, el actual, Joan Delort, así como cuatro altos cargos del departamento y el jefe de la empresa Iturri en Catalunya.
La conselleria de Interior, por su parte, se comprometió ayer, tras la publicación de la información en este diario, a aportar toda la documentación que le requiera el juzgado y a revertir la situación que se venía produciendo hasta ahora. Asegura que ha mejorado los circuitos de control de la ejecución del contrato; ha ampliado un 46% la dotación anual para el mantenimiento de la flota, que se consideraba hasta ahora infradimensionada; y ha notificado a Iturri la resolución del contrato y que preste el servicio “estricla tamente necesario”. Por primera vez en los últimos 20 años, Interior ha adjudicado un contrato por la vía de urgencia a una empresa distinta a Itrurri.
Las intervenciones telefónicas practicadas a cinco de los investigados han puesto al descubierto conversaciones en las que aseguraban que estas prácticas “estaban mal hechas” pero que se venían produciendo “desde hace 12 o 14 años”. Las maniobras consistían en acumular deuda con la empresa adjudicataria Iturri para compensarla en el siguiente contrato. La deuda era tan grande que se iba acumulando contrato tras contrato hasta el punto de que uno de los imputados reconoció que “los desajustes son de tal calibre que el control lo tiene Iturri y hay que confiar en las facturas que presenta”.
Así, “el agotamiento presupuestario de un contrato no comporta la paralización de dicho contrato o la apertura de un expediente administrativo para subsanar los problemas sino que Iturri sigue prestando sus servicios, que facturará posteriormente, en base a un contrato diferente, lo que exige alterar facturas y albaranes”, sostiene
Ejuez. Por todo ello, la magistrada afirma que “la ejecución actual y pasada de los contratos públicos de Interior con Iturri se puede calificar de indiciariamente fraudulenta y con la concurrencia imprescindible de falsedades documentales”.
Ahora bien, las intervenciones telefónicas no han permitido descubrir de momento si algún funcionario o alto cargo cobró comisiones como compensación. “No se advierte ningún indicio de ánimo de lucro o de beneficio personal”, subraya el auto. La juez considera que es una práctica tan extendida en el tiempo que es poco “plausible” haber pagado a tantos funcionarios y altos cargos distintos, muchos de ellos cambiantes, durante tanto tiempo. Sin embargo, hay conversaciones sospechosas referentes a dos contratos que Iturri quería suscribir con administraciones de Navarra y Sevilla. En una de ellas, el jefe de la empresa en Catalunya cuenta a un compañero que ha conocido al director de Servicio de los Bomberos de Navarra, donde hay un contrato público que interesa a Iturri, y que le propondrá ir a pasar un par de días a Sevilla con todos los gastos pagados por la empresa. En otra conversación, el responsable de la compañía asegura haber ganado un concurso con los bomberos de Valencia “al haber filtrado primero las cuestiones con el cliente y presentar al concurso lo que el propio cliente quería”. Ambos casos han sido derivados a juzgados de Navarra y Valencia para que se investiguen.
Iturri es una empresa familiar de seguridad industrial (vehículos, ropa y calzado), con una facturación de unos 300 millones de euros anuales y una plantilla de 1.500 trabajadores, presente en 14 países. Fundada en Sevilla en 1947, su presidenta es María Luisa Franco, hija de un militar primo del dictador.
En los últimos cinco años, Iturri S.A. ha recibido casi 300 adjudicaciones de unos 90 organismos públicos en España, por más de 100 millones de euros. A eso hay que sumarle todas las adjudicaciones ganadas en UTE con otras empresas.
El Departament d’Interior es uno de sus clientes habituales. Sólo entre el 2020 y el 2021, le ha adjudicado cuatro contratos de suministros y servicios por vía ordinaria, además de otros seis por vía de emergencia o urgencia. Además de mantenimiento de vehículos, hay contratos por limpieza de uniformes de agentes forestales, cascos para bomberos o vestuario de paisano para la policía, entre otros.
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