Finanzas autonómicas sin reforma
Un Estado de las autonomías sin un buen sistema de financiación para las autonomías es una grave anomalía democrática. Así llevamos desde el 2014, que es cuando se tenía que haber reformado y actualizado el esquema actual de redistribución de los recursos del Estado entre sus diecisiete comunidades autónomas. En cada uno de los últimos ocho años se han aplicado soluciones financieras de emergencia para garantizar –más mal que bien– su funcionamiento. Ahora la llegada de los fondos europeos supone una inyección tan importante de recursos que ha suavizado la urgencia de la reforma. Pero eso es un espejismo, ya que ese dinero debe ser utilizado exclusivamente para invertirlo en los proyectos de transformación previstos en el Next Generation UE.
La intención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, era la de afrontar la reforma del sistema de financiación autonómica en esta legislatura. Llegados al ecuador de la misma se comprueba que no ha sido posible y se constata, además, que tampoco lo será en los próximos dos años. El consenso entre el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos y el principal partido de la oposición, que son los que gobiernan la mayoría de comunidades autónomas, es fundamental para poder sacar adelante la reforma del sistema de financiación. Pero el Partido Popular se mantiene en su posición de no firmar acuerdos con el Gobierno, ni siquiera este, pese a que se lo piden buena parte de sus presidentes autonómicos. Sin una leal colaboración entre los principales partidos para articular el correcto funcionamiento de las estructuras e instituciones del Estado las cosas nunca irán bien. Esta es la gravísima anomalía que sufre la democracia española en la actual coyuntura.
La anticipación de elecciones autonómicas en Castilla y León y también –prácticamente seguro– en Andalucía dificulta todavía más la negociación de un nuevo sistema de financiación que pueda contar con un apoyo mayoritario. Lo mismo hace la perspectiva de elecciones autonómicas y locales en el 2023, así como la convocatoria de las elecciones generales a finales de ese mismo año.
Todo indica, en función del citado calendario político, que el Gobierno no tendrá más remedio que implementar nuevas medidas de emergencia para garantizar las necesidades básicas de las comunidades autónomas y el funcionamiento de la sanidad, la educación y la asistencia social que mayoritariamente gestionan.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sin embargo, no se da por vencida –al menos de puertas afuera– y declara que seguirá adelante con el proceso de reforma de financiación autonómica propiciando la negociación con las comunidades sobre los documentos que ya ha elaborado. En el mejor de los casos, sin embargo, nos tememos que eso quedará como un trabajo que serviría de base para la próxima legislatura.
El Govern de la Generalitat nunca ha creído en la reforma del sistema de financiación autonómica para mejorar los ingresos de Catalunya y prefiere confiar en los resultados que le pueda proporcionar la negociación bilateral con el Gobierno. Pero debería actuar en los dos frentes. Es importante, en este sentido, que en el Consejo de Política Territorial y Financiera defienda los intereses de Catalunya y exija que, como mínimo, el nuevo sistema de financiación –cuando llegue– respete el principio ordinal. En la actualidad, pese a que la contribución de Catalunya al sistema es un 20% superior a la media, los recursos recibidos por habitante son inferiores a la media territorial. Y eso hay que corregirlo.
No debería haber excusas, en cualquier caso, para retrasar la consecución de un sistema de financiación autonómica equitativo y suficiente. Es uno de los grandes retos políticos y económicos que tiene pendiente el Estado español.c
No hay excusas que valgan para retrasar más la actualización de los ingresos autonómicos