El primer shock de la transición
La crisis causada por la invasión rusa de Ucrania podría ser el shock más importante experimentado por los mercados mundiales de la energía desde la década de 1970. Al igual que los dos grandes shocks petroleros de 1973 y 1979, la actual crisis está forzando un drástico replanteamiento de la economía y de las políticas energéticas, en la medida en que muchos gobiernos y empresas deben reevaluar el papel de Rusia como uno de sus principales proveedores. Un tema nada baladí porque este país ocupa la primera, segunda y tercera posición del ranking mundial en exportaciones de gas natural, petróleo y carbón, respectivamente.
Como sucedió en la década de 1970, la actual crisis energética llevaba años gestándose. Al tiempo que la economía mundial se recuperaba de la covid, el fuerte repunte de la demanda, combinado con una serie de interrupciones en el suministro, se han traducido en un aumento de los precios del petróleo, el gas, el carbón y, de rebote, de la energía en general. Pero, en cualquier caso, la crisis actual tiene un elemento diferencial con los shocks de la década de 1970: la amenaza del cambio climático.
Existe una tensión inevitable entre este desafío a medio y largo plazo y los problemas, mucho más inmediatos, de la seguridad energética y los precios de la energía.
Hasta la fecha, las políticas gubernamentales, las decisiones de inversión y las estrategias corporativas para abordar la amenaza climática solo han tenido un efecto marginal sobre la reducción de la demanda global de combustibles fósiles, que aún representan cerca del 81% de la energía primaria mundial. Sin embargo, en ocasiones, dichas políticas y decisiones han contribuido a restringir el suministro de estos combustibles y a impulsar el coste de la energía.
A este respecto, no deja de resultar significativo que, en parte debido a una narrativa poco afortunada de demonización de los hidrocarburos, la inversión en exploración y producción de petróleo y gas se haya desplomado en los últimos años, desde un promedio anual de casi 750.000 millones de dólares entre el 2012 y el 2016, a tan solo 400.000 millones entre el 2017 y el 2021, lo que ha limitado la capacidad de la industria para responder al aumento de la demanda.
Unos precios elevados de los combustibles fósiles –y, por extensión, de las energías
Reducir emisiones debe ir de la mano de la seguridad energética y precios asequibles
finales que utilizamos– constituyen una amenaza, no solo para los consumidores y las economías de muchos países, sino también para la misma transición energética. Los gobiernos de Europa y Estados Unidos, por ejemplo, afirman que los altos precios fortalecen los argumentos en favor de la eficiencia y la descarbonización.
Pero los altos costes y un suministro inseguro también pueden provocar una fuerte reacción contra las políticas climáticas. Si los gobiernos quieren seguir avanzando en la reducción de emisiones, tendrán que demostrar que, al mismo tiempo, también son capaces de garantizar la seguridad energética y unos precios asequibles.