ERC, PSC y los comunes urgen a Junts a pactar

Los tres partidos que instaron,

■ junto a Junts, una proposición legal para modificar la ley de Política Lingüística, como medio para flexibilizar la sentencia del TSJC urgieron ayer a JxCat a que no ponga ya más trabas para que se vote. La líder de En Comú Podem en el Parlament, Jessica Albiach, reclamó la reactivación urgente del acuerdo en la Cámara porque “se ha acabado el tiempo de las excusas y los partidismos”. Por su parte, la diputada del PSC, Esther Niubó, reprochó a JxCat haber antepuesto sus intereses y “este es el resultado de no hacer política”. La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, pidió que “las disputas internas de una organización política no hipotequen los debates del país tan importantes como la defensa del catalán y de la inmersión lingüística” y que sería “irresponsable” que “discrepancias internas aplacen urgencias de país”. La proposición parlamentaria fue presentada por PSC-Units, ERC, Junts y En Comú Podem para actualizar el modelo lingüístico en los colegios, pero el partido de Puigdemont se descolgó de la proposición horas después de registrarla y anunció que condicionaría su apoyo a la existencia de un “consenso político y social”. La iniciativa proponía modificar el artículo 21 de la ley que declara que el catalán, “como lengua propia de Catalunya, es la lengua normalmente empleada como lengua vehicular y de aprendizaje del sistema educativo”. Los grupos propusieron añadir que “también se emplea el castellano en los términos que fijen los proyectos lingüísticos de cada centro”. Esta iniciativa se presentó a finales de marzo y, desde entonces, la junta de portavoces de la Mesa ha ido aplazando un debate que aún no tiene fecha. la Generalitat en tanto que administración ejecutiva en esta materia, y sobre quién recae el deber jurídico de cumplir y hacer cumplir la sentencia”. Y añade que las instrucciones pueden ser medidas definitivas o provisionales “a la espera de lo que resulte de la normativa que pueda emitirse”. Con esta frase parece recoger, parcialmente, la sugerencia expresada por la Abogacía del Estado la pasada semana de dar tiempo suficiente a la Generalitat para un posible cambio normativo consensuado socialmente.

El TSJC dice que la instrucción puede ser provisional, pero que debe existir. Así, da un máximo de 15 días para que se emita con orden inmediata e insta a la Alta Inspección a que vele por su cumplimiento. En este punto la orden se contrapone con una dificultad práctica de ejecución (hay dos