El sector inmobiliario abre otro frente judicial contra Colau
Recurso contencioso administrativo contra la modificación del Plan General Metropolitano que afecta a Gràcia
Al gobierno municipal de Barcelona se le acumulan las causas en los juzgados. Esta vez el detonante del conflicto es la modificación del Plan General Metropolitano (PGM) del distrito de Gràcia y quienes se sitúan al otro lado de la trinchera son unos adversarios habituales de la alcaldesa Ada Colau. Cinco entidades del sector inmobiliario han interpuesto un recurso contencioso administrativo contra una iniciativa que, entre otras cosas, establece que en la construcción de nueva obra residencial o grandes rehabilitaciones habrá que reservar un mínimo del 30% del techo edificable a vivienda protegida, con la merma de rentabilidad que esta disposición supone para los constructores.
El recurso, que si es aceptado dará paso a la correspondiente demanda, lleva la firma de la Associació de Promotors i Constructors d’Edificis de Catalunya, la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona i Lleida, el Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona y la Associació d’Agents Immobiliaris de Catalunya.
La normativa que estas entidades llevan a los tribunales es el Plan para la Mejora Urbanística y Ambiental de los Barrios de Gràcia promovida por el Ayuntamiento de Barcelona, cuya aprobación definitiva fue publicada el 4 de marzo en el Diari Oficial de la Generalitat. Dicha modificación prevé que las nuevas edificaciones de viviendas plurifamiliares en suelo urbano consolidado o las rehabilitaciones de más de 400 m2 tendránquedestinarunmínimo del 30% del techo edificable a vivienda protegida. De este modo, entienden los autores del recurso, se establece un techo diferente con respecto al que en su momento se acordó para el resto de la ciudad (600 m2) sin justificar el motivo de esta diferencia.
El recurso también remarca que la reserva en suelo urbano consolidado constituye una carga nueva sobre la propiedad, ya que impone un nuevo deber a los propietarios de este suelo. “Nos encontramos pues, ante una limitación al derecho de propiedad, y ello tiene que comportar la correspondiente indemnización, tal como estableció recientemente el Tribunal Constitucional”,
Rechazo a la obligación de ceder el 30% de obra nueva o rehabilitada de más 400 m2 a vivienda protegida